Análisis jurídico y doctrinario de la responsabilidad objetiva del Estado en relación con actuaciones de la Policía Nacional y el derecho a la tutela judicial efectiva y expedita

Abstract

El presente trabajo de integración curricular centró su estudio en la responsabilidad objetiva del Estado, figura jurídica que faculta a las personas que ha sufrido daños antijurídicos por parte del Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública a reclamar una reparación por la lesión a sus derechos o bienes. Para la comprensión del tema se realiza un recorrido histórico y doctrinario de la mentada figura, dentro del cual se han expuesto y examinado diversos criterios jurídicos, los cuales reflejan de mejor forma a la figura jurídica objeto del presente trabajo. Teniendo en consideración la crisis de seguridad que atraviesa el país, así como por la importancia y en virtud de los deberes que la Constitución de la República del Ecuador le impone a la Policía Nacional, el presente trabajo versa específicamente sobre las actuaciones desarrolladas por servidores policiales; además, se realizó un análisis de la forma en que las personas que han sufrido irrogaciones pueden reclamar una reparación por dichos daños, poniendo un interés especial y exclusivo en la vía jurisdiccional. Para la ejecución del presente trabajo se aplicó el método científico como base principal, acompañado otros métodos como lo son el analítico, exegético, comparativo, sintético e histórico; igualmente, se valió de treinta encuestas y cinco entrevistas efectuadas a profesionales del derecho expertos en derecho administrativo; en la misma línea de pensamiento investigativa, se analizaron datos estadísticos obtenidos de la página web de la Función Judicial, y el análisis de diferentes procesos que se someten a la jurisdicción contenciosos administrativo, que pusieron en evidencia la problemática abordada. Tras la investigación de campo, estudio de casos y análisis estadístico, se logró determinar que no existe un respeto a las normas procesales, en cuanto a los términos que establece el Código Orgánico General de Procesos para la realización de ciertas diligencias, y en general para la resolución de los procesos sometidos a la jurisdicción contencioso administrativo, entre las que se encuentra la acción especial de responsabilidad objetiva del Estado, de igual manera, se comprobó que esta problemática responde a una falta de jueces que den abasto a los procesos judiciales, lo que limita la prontitud en que se resuelven, contraviniendo el principio de celeridad procesal e incidiendo de forma negativa en el derecho a una tutela judicial efectiva y expedita, conforme lo consagra la norma constitucional.