El sistema penitenciario y de rehabilitación social en el ecuador y su relación con el código de ejecución de penas.

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce al país como un Estado constitucional de derechos y justicia social, mandato que obliga a entender todos los actos y normas desde los fines propios de este nuevo modelo de Estado que giran en torno a los Derechos Humanos bajo el eje de la dignidad humana. El Sistema Penal y de Rehabilitación Social, no puede ser un espacio de excepción, donde el conjunto de derechos y garantías previstos en la Constitución de la República corran el riesgo de ser vulnerados, por el contrario, se exige que la normativa sustantiva, adjetiva y de ejecución penal se adapte a las necesidades de la sociedad y a este nuevo modelo de Estado, dicho en otras palabras, que la legislación en materia penal camine en armonía con los postulados garantistas del Estado constitucional de derechos y justicia social. Si partimos que es deber fundamental del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, y a tener seguridad integral, se puede evidenciar que al no otorgarse correctamente una política adecuada de rehabilitación social, el Estado mismo está fallando a no dar cumplimiento a los fines y objetivos que tiene la rehabilitación, como es la reinserción del reo a la sociedad. Allí deriva también la responsabilidad de la justicia penal de ofrecer a todas las personas la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en plena observación y cumplimiento de las garantías penales previstas en la Constitución de la República, en los tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Ley. Desde el punto de vista jurídico, el Ecuador se encuentra entonces en la profundización del Estado constitucional de derechos consagrado en la Carta Magna aprobada en referéndum de 28 de septiembre del 2008, en la misma en la que conforme contempla el inciso segundo del Art. 424, “ … La Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanaos ratificados por el estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. El Estado se obliga a garantizar la protección y vigencia de los derechos humanos otorgando incluso, igual jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales que sobre esta materia hayan sido ratificados y que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución de la República, por ende es necesario que se hagan efectivos los fines y objetivos que persigue la rehabilitación social en el país.