Reforma del artículo 56 de la Ley Orgánica de Comunicación para garantizar la efectiva tutela de los derechos de información y comunicación en el Ecuador

Abstract

El Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia con principios y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, reconoce los derechos a la comunicación, que comprenden: libertad de expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación.

El artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana; Ahora bien, la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 22 de fecha 25 de junio de 2013 de conformidad con su art. 1 tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente; y tal como lo menciona su art. 17, debe procurar la garantía de que todas las personas ejerzan el derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.

Una vez que ha entrado en vigencia la Ley de Comunicación hemos podido identificar en el poco tiempo de aplicación de la norma, la problemática existente caracterizada por los excesos en las facultades de intervención de la Superintendencia de la Información y Comunicación que de acuerdo al art. 56 puede fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación y en caso de incumplimiento aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta ley, como las multas excesivas para los medios de comunicación principalmente privados que no se alinean a la filosofía de gestión e ideología gubernamental; esto indudablemente constituye una vejación de los derechos fundamentales a la libertad de comunicar e informar, siendo evidente el exceso de las potestades y facultades discrecionales de la Superintendencia de la Información y Comunicación que se ha constituido en un brazo ejecutor de la política comunicacional del gobierno, además de haberse consolidado como un ente sancionador, expresión del poder coercitivo estatal.

Ante esta perspectiva es indispensable adecuar un régimen de legislación especializado que procure el ejercicio de los derechos de una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos, sin menoscabar la integridad de las prerrogativas ciudadanas