Vulneración del principio de seguridad jurídica en funcionarios públicos médicos del seguro campesino de Loja ante la ausencia de reglamento de escalafón salarial institucional

Abstract

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar si ¿existe la vulneración del derecho igualdad ante ley, respecto del alimentante? Centrándonos en el análisis de la implicaciones que conlleva la ausencia de escalafón salarial en relación con la vulneración del principio de seguridad jurídica, lo cual se realizado a través de un estudio exhaustico de la normativa legal vigente y la jurisprudencia aplicable, con lo que se pretende demostrar si efectivamente la falta de un reglamento como norma que regule la estructura salarial, termina generando incertidumbre, falta de previsibilidad y desmotivación en los funcionarios públicos médicos, además si la ausencia de un reglamento menoscaba sus derechos evitando ser reconocidos en base a mérito, formación, experiencia y antigüedad. Para poder concretar los objetivos planteados, la metodología se manejó en función del método inductivo, descriptivo, analítico, exegético, además, la aplicación del enfoque cualitativo. Así mismo, se introdujo técnicas de acopio teórico documental, concomitantemente se realizó encuestas a profesionales del derecho y cuyas preguntas se perfilaron con tópicos de seguridad jurídica, efectos, importancia del reglamento de escalafón, entre otros temas que fueron de beneficio para poder constatar los diversos criterios de los actores y poder obtener información viable en el desarrollo de la problemática. En base a los resultados, se obtuvo información relevante sobre el tema de investigación, evidenciándose que realmente existe una vulneración dentro del principio de seguridad jurídica, llegando a la conclusión que es necesario como profesionales de derecho aportar con nuestros conocimiento como recomendaciones enfocadas en la implementación de un reglamento escalafonario en los servidores públicos médicos del seguro Social Campesino , logrando con ello favorece la estabilidad y previsibilidad de las normas en el Estado Ecuatoriano, para con ello reafirmar el goce de los derechos fundamentales de las personas, y que además garantiza a las personas que puedan tener conocimiento de las consecuencias jurídicas que pueden darse cuando exista omisión o vulneración por cualquier acto administrativo que trate de anular o menoscabar los derechos de los servidores públicos.