Análisis del procedimiento de subasta inversa electrónica en el proceso de contratación pública

Abstract

El estudio sobre subastas inversas electrónicas en la contratación pública en Ecuador se centra en tres objetivos claves: Analizar los criterios y requisitos legales para participar, evaluar su impacto en la eficiencia y legalidad de la adquisición de bienes y servicios, y proponer un modelo estandarizado para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. El estudio se desarrolló en tres fases. La primera fase implicó un análisis exhaustivo de la normativa legal aplicable, identificando criterios específicos para la participación en estas subastas. Este análisis confirmó la conformidad con las leyes vigentes y permitió identificar áreas de mejora para asegurar procesos transparentes y justos. En la segunda fase, se evaluó la eficiencia y legalidad de las subastas mediante entrevistas con expertos en contratación pública y legislación. Estos expertos proporcionaron información valiosa sobre la interpretación de las leyes y el impacto de las subastas, destacando tanto sus ventajas como áreas de mejora. El análisis detallado reveló cómo optimizar estos mecanismos para mejorar la eficiencia y la legalidad del proceso, resaltando puntos críticos y oportunidades para un perfeccionamiento continuo. La tercera fase consistió en la propuesta de un modelo estandarizado basado en los hallazgos de las entrevistas, que asegure el cumplimiento de la normativa y las mejores prácticas identificadas. Se recomienda presentar este modelo a expertos y partes interesadas para obtener retroalimentación, lo que permitirá ajustar y perfeccionar el enfoque, asegurando su viabilidad y éxito en el ámbito de la contratación pública. Las conclusiones del estudio destacan que los criterios y requisitos para las subastas están claramente definidos y alineados con la normativa vigente, fomentando la transparencia y la equidad. Las subastas inversas electrónicas se han consolidado como un mecanismo eficiente y transparente, aunque se identifican áreas de mejora como la simplificación de trámites y el fortalecimiento de mecanismos de supervisión. Se subraya la necesidad de un modelo estandarizado para garantizar una gestión coherente y efectiva en la contratación pública.