Análisis jurídico y comparado de la muerte culposa en los accidentes de tránsito para determinar la inobservancia del principio de racionalidad por los jueces

Abstract

En todo proceso en el que se determinan derechos y obligaciones se asegurará el derecho al debido proceso, que garantiza los derechos de las personas acusadas de cometer un delito, busca asegurar que todos los ciudadanos tengan un juicio justo y equitativo, donde se respeten sus derechos fundamentales y se cumplan ciertos procedimientos establecidos por la ley. Es por ello que el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 6 establece la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza; es decir que, el Estado debe aplicar una sanción en proporción a la infracción cometida. Los legisladores han estipulado penas represivas y punitivas, con la finalidad de fortalecer las sanciones ante estas conductas, como es el caso de los delitos ocasionados por accidentes de tránsito en vías públicas que haya producido la muerte culposa. Como lo estipula el artículo 377 del COIP, como consecuencia de la imprudencia, inobservancia, impericia, negligencia a la ley, pero esto siempre y cuando el conductor al momento de ocasionar el accidente o el infractor al momento de cometer el delito no se haya encontrado en estado de embriaguez o bajo sustancias psicotrópicas, en este caso se debería aplicar el principio de racionalidad, que actúa como un subprincipio de la racionalidad, opera como una práctica de pedir razones que justifiquen las normas jurídicas del sistema, del derecho y las normas morales. El principio de racionalidad interpreta las acciones individuales como acciones intencionales de los individuos, invita a mirar la lógica del problema desde el punto de vista de los involucrados en esa decisión, en lugar de mirarlo desde afuera. Algo así como ponerse en el lugar del otro, básicamente ha consistido en la anulación en sede judicial, de determinadas normas jurídicas cuando éstas regulan irrazonablemente derechos fundamentales. Las sanciones que el legislador a establecido para las infracciones de tránsito son excesivas y no cumplen con el principio de racionalidad de la pena, son varias las sanciones establecidas para un mismo tipo penal, se sanciona con días de privación de libertad, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses y una multa económica, por ende se debería analizar la racionalidad cuando se aplica una pena, porque ahí estaremos formando parte de un análisis del estado constitucional de derechos y garantías.