Análisis Jurídico y Comparado de la contravención contra el derecho al trabajo por falta de afiliación a la seguridad social

Abstract

La falta de afiliación a la seguridad social constituye una violación al derecho al trabajo en varias directrices. Esto se refiere a la omisión por parte del empleador de inscribir a los trabajadores en los programas de seguridad social, como seguro de salud, desempleo y jubilación. Esta omisión es considerada una contravención legal, con consecuencias que van desde multas y sanciones financieras hasta acciones penales en casos graves. El presente trabajo de investigación que lleva por título “ANÁLISIS JURÍDICO Y COMPARADO DE LA CONTRAVENCIÓN CONTRA EL DERECHO AL TRABAJO POR FALTA DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL” se realiza en razón de que se pretende demostrar la contradicción de la pena prevista en el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal la cual establece una pena privativa de libertad de 3 a 7 días al empleador que no afilie a sus trabajadores a la Seguridad Social, esto claramente va en contra de los Derechos de Libertad establecidos en nuestra Constitución Ecuatoriana, específicamente en el artículo 66, numeral 29, literal "C" el cual nos dice que "ninguna persona puede ser privado de su libertad por deudas". Es menester acotar que también va en contra del Principio de Proporcionalidad establecido en el artículo 76 numeral 6 de la misma Constitución de la Republica del Ecuador, este principio hace referencia a que debe existir una debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales o administrativas; Este principio se utiliza para evaluar la validez y la legalidad de las acciones de las autoridades en relación con derechos fundamentales y garantías individuales, por ende implica dos componentes principales: 1. Idoneidad: La medida debe ser adecuada para alcanzar el objetivo perseguido. Debe existir una conexión lógica entre la medida y el objetivo que se busca lograr.Asimismo, es una afección al Principio de Mínima Intervención el cual sugiere que se debe limitar la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos al mínimo, necesario para garantizar el orden público, proteger los derechos y libertades individuales, y promover el bien común. Se fundamenta en el respeto a la autonomía y la libertad de los individuos, así como en la confianza en que los ciudadanos y las instituciones sociales pueden resolver muchos de sus propios problemas sin la intervención directa del Estado, este principio constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales.