Crisis de seguridad y el Estado constitucional. Debate sobre el incremento de penas

Abstract

La crisis de seguridad en Ecuador es un problema que asecha de manera constante a todas las provincias del país, debido a este incremento en la delincuencia relacionado al crimen organizado y que del mismo derivan otros tipos de delitos como el sicariato, el robo con violencia, la venta de sustancias sujetas a fiscalización, el cobro de tributos ilegales a locales comerciales denominados vacunas, entre otros; la suma de todos estos delitos hacen que la clase política del Estado busquen una solución de aplicación inmediata para tratar de resistir esta crisis de inseguridad, cobijándose bajo la parte más represiva del Estado que es el poder punitivo, sin embargo, la aplicación de este tipo de sanciones vulnera aquello que dicta la Constitución de la República del Ecuador que establece un derecho penal supuestamente preventivo del delito y rehabilitador de las conductas que transgreden y violentan la ley. Este trabajo explora la problemática de la inseguridad en la sociedad y se profundiza en el papel desempeñado por el Estado basado en la Constitución. Se plantea un análisis acerca de la viabilidad de incrementar las sanciones asociadas a los delitos, se examinan los conceptos fundamentales relacionados con el Estado Constitucional de derechos, se detallan sus atributos y su función. Además, se proporciona argumentación para respaldar la idea de que la utilización exclusiva del poder punitivo del Estado para combatir el crimen va en contra de los principios que rigen el actual Estado Constitucional centrado en los derechos individuales y colectivos. Al realizar el proceso previsto, se concluye que el aumento de penas vulnera los derechos de la Constitución de la República del Ecuador al no reducir el índice carcelario, prevenir actos delictivos ni disminuir la tasa de criminalidad a nivel nacional. Por ende, no es una solución efectiva en la lucha contra la delincuencia y la crisis de seguridad, y tampoco considera la rehabilitación como alternativa, optando en su lugar por medidas ofensivas contra la delincuencia.