REGULACIÓN DEL USO PROGRESIVO DE LA FUERZA DEL SERVIDOR MILITAR Y POLICIAL EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL.

Abstract

El presente trabajo de investigación se titula “Regulación del uso progresivo de la fuerza del servidor militar y policial en el cumplimiento del deber legal”, que surge desde la perspectiva y análisis realizado tanto en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 393. Que señala que la seguridad humana es garantizada por el Estado a través de lineamientos y actos que aseguran un entorno de paz, libre de violencia y discriminación, entre otros; aquellos considerando los aspectos y normativas de carácter constitucional, internacional, englobadas por los derechos humanos con la temática planteada. Se abordan temas dentro de la presente investigación como la carencia de una adecuada garantía respecto a la regulación del uso progresivo de la fuerza tanto por los servidores militares como policiales, que ha generado la existencia de abusos e inadecuado accionar por parte de las fuerzas del orden público como se pudo evidenciar en las últimas manifestaciones en el mes de

octubre de 2019 y los hechos ocurridos durante la crisis sanitaria del Covid- 19 en 2020. Evidenciamos además que una derivación del problema surge

cuando las leyes no son claras y por ende se tiende a erróneas interpretaciones que desembocan en que al momento de actuar el miembro policial o militar abuse de su facultad causando perjuicios graves a las personas, sin duda no se intenta desproteger al servidor de las fuerzas de orden en su labor, sino que aquellas personas llamadas a usar de forma progresiva la fuerza estén educados y preparados para cualquier tipo de circunstancia, que su actuar no involucre influencias de carácter

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político, ni respondan a cúpulas gubernamentales que tengan como fin intereses personales más no colectivos. De igual manera se analiza el Decreto No 179, emitido por el gobierno ecuatoriano que regula el uso progresivo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas, y su inconstitucionalidad luego de su respectivo estudio. Al plantearse una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal que refiere a las causas de antijuridicidad a los servidores policiales y guías penitenciarios en referencia al artículo 30.1, sobre el cumplimiento del deber legal de la o el servidor de la Policía Nacional y de seguridad penitenciaria, aquello nos menciona las potestades que los miembros citados anteriormente tiene respecto de situaciones en las que su deber sea velar por la protección de los derechos de las personas, que a su vez protege a dichos servidores, pero que los hechos nos han demostrado que se han valido de dicha disposición legal para generar un inadecuado cumplimiento del llamado deber legal.

Por lo tanto, para el fiel cumplimiento de los objetivos planteados, procedí a realizar un análisis teórico, jurídico y doctrinario además de una parte imprescindible como la legislación comparada y la investigación de campo en relación con la regulación del uso progresivo de la fuerza por miembros policiales y militares en la República del Ecuador. De igual manera la aplicación de métodos y técnicas como la encuesta y la entrevista que fue direccionada hacia profesionales del Derecho con la que pude obtener resultados y criterios concretos, de la cual se desprenden fundamentos claros y concisos para la proposición de reformas necesarias para

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solucionar esta problemática. Con todo los aspectos descritos anteriormente y que se exponen en el presente trabajo, que en su parte final se establece el planteamiento de una propuesta jurídica acorde a la realidad social actual, encaminada al respeto de los mandatos establecidos en la Carta Suprema de nuestro país, siendo los derechos humanos un pilar fundamental de las y los ciudadanos ecuatorianos entendiéndose como la forma de responder ante las disposiciones emitidas por autoridades de gobierno de las que se encuentren afectados, garantizando así el cumplimiento de este derecho al momento de considerar la atribución de carácter penal con lo que aseguramos una resolución justa donde el poder punitivo o sancionador viene siendo regulado, esto es, por parte de los operadores de justicia respetando los derechos y garantías constitucionales.