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Título : “LA DESPENALIZACIÓN DEL SEGUNDO INCISO DEL ART. 275 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, COMO UNA EXPRESIÓN DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL”
Autor : Salinas Ordóñez, Manuel Eugenio
Piña Uchuari, María José
Palabras clave : DERECHO
DESPENALIZACIÓN ART. 275
MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL
Fecha de publicación : feb-2020
Editorial : Loja, 17 de febrero
Resumen : En un Estado Constitucional de derechos y justicia, como lo es el Estado ecuatoriano, el poder punitivo del Estado es limitado, es por ello que al Derecho Penal le corresponde la protección de los bienes jurídicos, pero no es necesaria su intervención en la sociedad cuando dicha protección se puede conseguir a través de otros medios, los menos lesivos, para los derechos individuales y sobre todo la dignidad humana. Se trata de una exigencia del “principio de máxima utilidad posible” para las víctimas en términos de reparación, que debe combinarse con el “mínimo sufrimiento necesario” para los delincuentes, el recibir la respuesta del ius puniendi, lo cual debe ser sostenido en la proporcionalidad. Uno de los límites del poder sancionador, constituye el principio de mínima intervención penal, que revela a una moderna concepción de intelectuales del Derecho Penal, que, como soporte fundamental, indican fundamentadamente que la pena privativa de libertad en especial, y el derecho punitivo en general, no han resuelto los conflictos sociales que se generan a partir del cometimiento del delito. Por ello propugnan instituir un derecho penal que proteja exclusivamente bienes jurídicos de interés colectivos los más relevantes, y tal solo, cuando los diferentes medios de control social sean insuficientes o hayan fracasado en su protección o tutela. Este principio, es conocido también como de última ratio, postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la Ley Penal, reservándola solo para - 3 - casos de ataques grave a las normas de convivencia social que no pueden ser regulados por otros mecanismos de control social. El principio de mínima intervención penal significa la obligación jurídica que tiene el sistema de justicia penal por medio de sus operadores de actuar moviendo el aparataje estatal punitivo, únicamente cuando se hayan lesionado bienes jurídicos trascendentales de relevancia integral del daño, a través de la vía civil o administrativa. El principio de intervención mínima, que forma parte del principio de proporcionalidad o de prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que ofrece el Derecho Penal: a) El ser un derecho fragmentario, en cuanto no se protegen todos los bienes jurídicos, sino tan solo aquellos que son importantes para la convivencia social, limitándose además, esta tutela a aquellas conductas que atacan de manera más intensa a aquellos bienes; b) El ser un derecho subsidiario que, como ultima ratio, ha de operar únicamente cuando el orden jurídico no pueda ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción penal. (…) el carácter doblemente fragmentario del derecho penal, a que hemos hecho referencia, como principio inspirador del concepto material del delito, no solo exige la protección de los bienes jurídicos más importantes, sino también que dicha protección se dispense solo frente a los ataques más importantes y reprochables y exclusivamente en la medida que ello sea necesario.El principio de mínima intervención penal, tiene su sustancial vigencia a partir del 20 de octubre de 2008, con la vigencia de nuestra nueva Constitución, donde le asigna de manera directa la atribución para que la Fiscalía dirija de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal, durante el proceso ejercerá la acción penal pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con atención al interés público y a los derechos de las víctimas. Lo propio ha sido considerado en el Código Orgánico Integral Penal, desde el año 2014, al reconocerlo expresamente: “… Artículo 3.-Principio de mínima intervención. - La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales”, en definitiva todo el ordenamiento jurídico Constitucional y Legal, ha considerado como la opción más idónea, la activación del minimalismo penal a través del principio de mínima intervención, tendiente a racionalizar es sistema penal, protegiendo penalmente los bienes jurídicos más relevantes del ser humano y utilizando el Derecho Penal, como el último recurso del Estado, para sancionar las conductas desviadas, teniendo como la premisa mayor, la obligación del Estado para promover la resocialización de las personas. El catálogo de infracciones penales ha sido recogido expresamente en el Código Orgánico Integral Penal, tendientes a proteger bienes jurídicos personales y/o colectivos, dentro del Capítulo V, bajo el ejercicio de configuración legislativa a cargo del asambleísta, se ha determinado a los delitos contra la responsabilidad ciudadana y en su primera sección a los - 5 - delitos contra la tutela judicial efectiva, siendo integradores de aquellos los delitos de prevaricato, perjuicio, falso testimonio, fraude procesal, evasión, entre otros, pero también se ha reconocido al delito de ingreso de artículos prohibidos en el Artículo 275 del COIP, sobre el cual versa la presente investigación. El Ecuador al haber considerado al Derecho Penal como un mecanismo de control social, con la posibilidad de aplicar el ius puniendi sobre las personas, imponiendo penas privativas de libertad por las infracciones que cometan, asume paralelamente la responsabilidad de rehabilitar a las personas en conflicto con la Ley, puesto que nuestro Estado, no ha reconocido en el ordenamiento jurídico penal, penas indefinidas. El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas privadas de la libertad, como vulnerables, siendo integradoras de los grupos de atención prioritaria del Estado. Uno de los mecanismos de protección de sus derechos, es el reconocimiento del tipo penal del Art. 275 del Código Orgánico Integral Penal, ha considerado: “Ingreso de artículos prohibidos. La persona que ingrese, por sí misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación, bienes u objetos prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La misma pena se aplica en el caso de que los objetos a los que se refiere el inciso anterior, se encuentren en el interior de los centros de rehabilitación social o en posesión de la persona privada de libertad”, sin - 6 - embargo, el segundo inciso de la norma, constituye una expresión negativa a la mínima intervención penal, reconocida en el Art. 195 de la Constitución, ya que es responsabilidad del Estado, garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, a través de correctos controles y no desplazando la responsabilidad penal de sus acciones y omisiones a quienes son vulnerables e integrantes de los grupos de atención prioritaria. Por lo expuesto, considero importante la despenalización del segundo inciso del Art. 275 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que la posesión de objetos prohibidos en los centros penitenciarios, sea considerada como una falta administrativa y no como una infracción penal, como una expresión de la mínima intervención penal, reconocida constitucionalmente.
Descripción : In a Constitutional State of rights and justice, such as the Ecuadorian State, the punitive power of the State is limited, which is why the Criminal Law is responsible for the protection of legal property, but its intervention in society is not necessary when such protection can be achieved through other means, the least harmful, for individual rights and especially human dignity. It is a requirement of the “principle of maximum possible utility” for victims in terms of reparation, which must be combined with the “minimum necessary suffering” for criminals, to receive the response from ius puniendi, which must be sustained in the proportionality. One of the limits of the sanctioning power constitutes the principle of minimal criminal intervention, which reveals a modern conception of intellectuals of Criminal Law, who, as fundamental support, indicate fundamentally that the penalty of imprisonment in particular, and the punitive law in In general, they have not resolved the social conflicts generated by the crime. Therefore, they advocate the establishment of a criminal law that exclusively protects the most relevant legal assets of collective interest, and only when the different means of social control are insufficient or have failed to protect or protect them. This principle, also known as the last ratio, postulates the need to restrict the intervention of the Criminal Law to a maximum, reserving it only for cases of serious attacks on the rules of social coexistence that cannot be regulated by other social control mechanisms. The principle of minimal criminal intervention means the legal obligation of the criminal justice system through its operators to act by moving the punitive state - 8 - apparatus, only when transcendental legal assets of integral relevance of the damage have been injured, through the civil route or administrative. The principle of minimum intervention, which is part of the principle of proportionality or prohibition of excess, whose requirement is based on the double character offered by Criminal Law: a) Being a fragmentary right, as long as all legal assets are not protected, but only those that are important for social coexistence, also limiting this guardianship to those behaviors that attack those goods more intensely; b) Being a subsidiary right that, as a final ratio, must operate only when the legal order cannot be effectively preserved and restored by means of solutions less drastic than the criminal sanction. (…) The doubly fragmentary nature of criminal law, to which we have referred, as an inspiring principle of the material concept of crime, not only requires the protection of the most important legal assets, but also that such protection be dispensed only against attacks more important and reprehensible and exclusively to the extent necessary. The principle of minimum criminal intervention, has its substantial effect as of October 20, 2008, with the validity of our new Constitution, where it is assigned directly the attribution so that the Prosecutor's Office conducts the investigation ex officio or at the request of a party, pre-procedural and criminal procedure, during the process will exercise public criminal action subject to the principles of opportunity and minimal criminal intervention, with attention to the public interest and the rights of the victims. The same has been considered in the Organic Integral Criminal Code, since 2014, when expressly acknowledging: “… Article 3.-Principle of minimum - 9 - intervention. - Criminal intervention is legitimized as long as it is strictly necessary for the protection of people. It is the last resort, when extrapenal mechanisms are not enough ”, in short, the entire Constitutional and Legal legal system, has considered as the most suitable option, the activation of criminal minimalism through the principle of minimal intervention, tending to rationalize this system criminal, criminally protecting the most relevant legal assets of the human being and using Criminal Law, as the last resort of the State, to sanction deviant behavior, having as the main premise, the obligation of the State to promote the resocialization of people. The catalog of criminal offenses has been expressly included in the Comprehensive Organic Criminal Code, aimed at protecting personal and / or collective legal assets, within Chapter V, under the exercise of legislative configuration by the assemblyman, the crimes against citizen responsibility and in its first section to crimes against effective judicial protection, being integrators of those crimes of prevarication, prejudice, false testimony, procedural fraud, evasion, among others, but it has also been recognized the crime of entry of articles prohibited in Article 275 of the COIP, on which the present investigation is concerned. Ecuador, having considered Criminal Law as a mechanism of social control, with the possibility of applying ius puniendi to people, imposing sentences deprived of liberty for the offenses they commit, assumes in parallel the responsibility of rehabilitating people in conflict with The Law, since our State has not recognized indefinite penalties in criminal law. - 10 - Article 35 of the Constitution of the Republic of Ecuador recognizes persons deprived of liberty as vulnerable, being members of the State's priority attention groups. One of the mechanisms for the protection of their rights, is the recognition of the criminal type of Art. 275 of the Organic Integral Criminal Code, has considered: “Entry of prohibited items. The person who enters, by himself or through third parties, the centers of deprivation of liberty, alcoholic beverages, substances cataloged and subject to control, weapons, cell phones or communication equipment, prohibited goods or objects attached to the body or its garments of dressing, will be punished with imprisonment of one to three years. The same penalty applies in the event that the objects referred to in the preceding paragraph, are located inside the social rehabilitation centers or in the possession of the person deprived of liberty ”, however, the second subsection of The norm constitutes a negative expression of the minimum criminal intervention, recognized in Art. 195 of the Constitution, since it is the responsibility of the State to guarantee the rights of persons deprived of liberty, through correct controls and not displacing the criminal responsibility for their actions and omissions to those who are vulnerable and members of the priority care groups. Based on the foregoing, I consider the decriminalization of the second subsection of Art. 275 of the Organic Integral Criminal Code important, so that the possession of prohibited objects in prisons is considered as an administrative offense and not as a criminal offense, as a expression of the minimum criminal intervention, recognized constitutionally.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/23147
Aparece en las colecciones: TRABAJOS DE TITULACION FJSA

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