“LA DESPENALIZACIÓN DEL SEGUNDO INCISO DEL ART. 275 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, COMO UNA EXPRESIÓN DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL”

Abstract

En un Estado Constitucional de derechos y justicia, como lo es el Estado ecuatoriano, el poder punitivo del Estado es limitado, es por ello que al Derecho Penal le corresponde la protección de los bienes jurídicos, pero no es necesaria su intervención en la sociedad cuando dicha protección se puede conseguir a través de otros medios, los menos lesivos, para los derechos individuales y sobre todo la dignidad humana. Se trata de una exigencia del “principio de máxima utilidad posible” para las víctimas en términos de reparación, que debe combinarse con el “mínimo sufrimiento necesario” para los delincuentes, el recibir la respuesta del ius puniendi, lo cual debe ser sostenido en la proporcionalidad. Uno de los límites del poder sancionador, constituye el principio de mínima intervención penal, que revela a una moderna concepción de intelectuales del Derecho Penal, que, como soporte fundamental, indican fundamentadamente que la pena privativa de libertad en especial, y el derecho punitivo en general, no han resuelto los conflictos sociales que se generan a partir del cometimiento del delito. Por ello propugnan instituir un derecho penal que proteja exclusivamente bienes jurídicos de interés colectivos los más relevantes, y tal solo, cuando los diferentes medios de control social sean insuficientes o hayan fracasado en su protección o tutela. Este principio, es conocido también como de última ratio, postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la Ley Penal, reservándola solo para - 3 - casos de ataques grave a las normas de convivencia social que no pueden ser regulados por otros mecanismos de control social. El principio de mínima intervención penal significa la obligación jurídica que tiene el sistema de justicia penal por medio de sus operadores de actuar moviendo el aparataje estatal punitivo, únicamente cuando se hayan lesionado bienes jurídicos trascendentales de relevancia integral del daño, a través de la vía civil o administrativa. El principio de intervención mínima, que forma parte del principio de proporcionalidad o de prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que ofrece el Derecho Penal: a) El ser un derecho fragmentario, en cuanto no se protegen todos los bienes jurídicos, sino tan solo aquellos que son importantes para la convivencia social, limitándose además, esta tutela a aquellas conductas que atacan de manera más intensa a aquellos bienes; b) El ser un derecho subsidiario que, como ultima ratio, ha de operar únicamente cuando el orden jurídico no pueda ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción penal. (…) el carácter doblemente fragmentario del derecho penal, a que hemos hecho referencia, como principio inspirador del concepto material del delito, no solo exige la protección de los bienes jurídicos más importantes, sino también que dicha protección se dispense solo frente a los ataques más importantes y reprochables y exclusivamente en la medida que ello sea necesario.El principio de mínima intervención penal, tiene su sustancial vigencia a partir del 20 de octubre de 2008, con la vigencia de nuestra nueva Constitución, donde le asigna de manera directa la atribución para que la Fiscalía dirija de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal, durante el proceso ejercerá la acción penal pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con atención al interés público y a los derechos de las víctimas. Lo propio ha sido considerado en el Código Orgánico Integral Penal, desde el año 2014, al reconocerlo expresamente: “… Artículo 3.-Principio de mínima intervención. - La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales”, en definitiva todo el ordenamiento jurídico Constitucional y Legal, ha considerado como la opción más idónea, la activación del minimalismo penal a través del principio de mínima intervención, tendiente a racionalizar es sistema penal, protegiendo penalmente los bienes jurídicos más relevantes del ser humano y utilizando el Derecho Penal, como el último recurso del Estado, para sancionar las conductas desviadas, teniendo como la premisa mayor, la obligación del Estado para promover la resocialización de las personas. El catálogo de infracciones penales ha sido recogido expresamente en el Código Orgánico Integral Penal, tendientes a proteger bienes jurídicos personales y/o colectivos, dentro del Capítulo V, bajo el ejercicio de configuración legislativa a cargo del asambleísta, se ha determinado a los delitos contra la responsabilidad ciudadana y en su primera sección a los - 5 - delitos contra la tutela judicial efectiva, siendo integradores de aquellos los delitos de prevaricato, perjuicio, falso testimonio, fraude procesal, evasión, entre otros, pero también se ha reconocido al delito de ingreso de artículos prohibidos en el Artículo 275 del COIP, sobre el cual versa la presente investigación. El Ecuador al haber considerado al Derecho Penal como un mecanismo de control social, con la posibilidad de aplicar el ius puniendi sobre las personas, imponiendo penas privativas de libertad por las infracciones que cometan, asume paralelamente la responsabilidad de rehabilitar a las personas en conflicto con la Ley, puesto que nuestro Estado, no ha reconocido en el ordenamiento jurídico penal, penas indefinidas. El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas privadas de la libertad, como vulnerables, siendo integradoras de los grupos de atención prioritaria del Estado. Uno de los mecanismos de protección de sus derechos, es el reconocimiento del tipo penal del Art. 275 del Código Orgánico Integral Penal, ha considerado: “Ingreso de artículos prohibidos. La persona que ingrese, por sí misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación, bienes u objetos prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La misma pena se aplica en el caso de que los objetos a los que se refiere el inciso anterior, se encuentren en el interior de los centros de rehabilitación social o en posesión de la persona privada de libertad”, sin - 6 - embargo, el segundo inciso de la norma, constituye una expresión negativa a la mínima intervención penal, reconocida en el Art. 195 de la Constitución, ya que es responsabilidad del Estado, garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, a través de correctos controles y no desplazando la responsabilidad penal de sus acciones y omisiones a quienes son vulnerables e integrantes de los grupos de atención prioritaria. Por lo expuesto, considero importante la despenalización del segundo inciso del Art. 275 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que la posesión de objetos prohibidos en los centros penitenciarios, sea considerada como una falta administrativa y no como una infracción penal, como una expresión de la mínima intervención penal, reconocida constitucionalmente.