Necesidad de agregar un inciso al artículo 33 de la ley orgánica de servicio público, para incorporar a las y los servidores públicos con discapacidad como beneficiarios de las dos horas de permiso diarias debido a su situación de salud y movilidad

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, así como los Tratados y Acuerdos Internacionales en materia laboral, reconocen al trabajo como un derecho y un deber social, que promueve el crecimiento económico, productivo e institucional del Estado; y a su vez, a través del esfuerzo para obtener la satisfacción de las necesidades, dignifican la vida del hombre. A lo largo de la historia, este derecho ha atravesado un sinnúmero de etapas para ser conocido, aplicado y defendido como lo es hoy en día, pasando de la comunidad primitiva, el esclavismo, el comunismo y otras formas sociales hasta llegar hoy en día a constituirse en un derecho y un deber económico en una sociedad democrática y capitalista. La transición del Estado de Derecho al Estado Constitucional de derechos y justicia, reconocido como tal en la Constitución de la República del Ecuador planteó la identificación de grupos de atención prioritaria por parte del Estado; entre ellos, las personas con discapacidad, para quienes reconoce especialmente el derecho a la inclusión social, económica, educativa, productiva y sanitaria. Se da especial énfasis en el derecho al trabajo orientado a personas con discapacidad, estableciéndose parámetros puntuales y técnicos a ser tomados en cuenta en cuerpos legales conexos a la Constitución como la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código del Trabajo, y por supuesto, la Ley Orgánica de Discapacidades; cuerpos legales que en su conjunto propenden a la inclusión en el campo productivo de personas con discapacidad, en una sociedad que no sólo estrenó una nueva Constitución hace más de ocho años sino que también debe estrenar nuevos conceptos y paradigmas sociales. En pro de la humanización del Derecho y de la sociedad toda. Sin embargo, uno de los pocos aspectos que han quedado sin el debido tratamiento dentro de la normativa laboral, tiene que ver con las secuelas y dificultades de salud que limitan a las personas con discapacidad al momento de ejercer sus actividades cotidianas, las mismas que conllevan a la necesidad de someterse de forma constante a tratamientos de índole farmacéutico o a través de terapias físicas; para de cierta manera estabilizar las condiciones de salud de la persona con discapacidad. Al no contar con todas las condiciones físicas de salud propicias, que le permita cumplir con la jornada normal de trabajo, se presenta una limitante en el ámbito laboral. El presente trabajo de investigación está basado en esa problemática y se encamina específicamente hacia una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, a fin de que se reconozcan dos horas de permiso diarias a las y los servidores públicos con discapacidad, de la misma forma que ya está establecido para las y los familiares -funcionarios que tienen a cargo su cuidado.