Propuesta de reforma al numeral 33 artículo 42 del código del trabajo tendiente a incrementar el número de personas con discapacidad a ser incluidas como empleados del sector público y privado

Abstract

Desde los orígenes del hombre en la comunidad primitiva fue necesaria la ejecución de actividades para la supervivencia del ser humano en forma individual y colectiva; entre ellas la caza, pesca, cultivo de diversos cereales y verduras, entre otros; esto representaría la primera forma de trabajo conocido a lo largo de la historia. Con el proceso evolutivo social y productivo, el trabajo se constituyó en una responsabilidad del hombre y en un derecho reconocido por las legislaciones, ya que con su ejecución no sólo mediante se obtienen los productos para satisfacer las distintas necesidades del mercado, sino que también se logra una compensación económica o en especie, mediante la cual puede subsistir quien lleva a cabo el trabajo o tarea. Estas pautas integran nuestra legislación del trabajo, constituyéndose en un derecho y un deber social reconocido y protegido plenamente por el Estado, el cual asume una transformación fundamental en relación a la sociedad. En los últimos años se han dado varias reformas en todo el marco legal, priorizando la atención a los grupos vulnerables, como son: Niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Al respecto, se brindó un tratamiento especial en cuanto a lo que se refiere a la salud pública, sino también al hecho de la inclusión al sector productivo y laboral, a través de reformas al Código del Trabajo, Ley Orgánica del Servicio Público y la Ley Orgánica de Discapacidades. La Ley a favor de los discapacitados, tuvo cambios positivos en cuanto tiene que ver al acceso a fuentes de trabajo, en condiciones de igualdad y acopladas a cada tipo de discapacidad, hasta un máximo de 4% de la nómina de trabajadores o servidores. En otras palabras: Por cada veinticinco trabajadores o servidores en las instituciones públicas o empresas privadas, el empleador tiene la obligación de incluir en su nómina de empleados una persona con discapacidad. El índice poblacional de personas con discapacidad evoluciona con el pasar del tiempo. Tomando como impulso la política de inclusión educativa formulada por el Estado, también ha ido incrementándose el porcentaje de profesionales, los mismos que salvando la adversidad de sus limitantes físicas, adquieren su título de tercer o cuarto nivel en las universidades nacionales e internacionales reconocidas en nuestro país, incorporándose al sector productivo de nuestro país. Me he permitido investigar la estadística de personas con discapacidad que registra el CONADIS hasta el mes de agosto del año dos mil quince, así como también el porcentaje de personas incluidas al sector laboral, datos obtenidos del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos; esto con el fin de establecer la efectiva aplicación de la Ley en este ámbito, acorde al crecimiento poblacional de este sector vulnerable. Concomitantemente al marco legal que debemos sujetarnos en el presente trabajo investigativo, respecto a los términos “capacidad” y “discapacidad” de los seres humanos, filosóficamente hablando y como frase de motivación psicológica digo: La discapacidad es del tamaño de la mente del ser humano, de modo que con la forma que adquieran sus pensamientos, construirá su desarrollo y logrará sus objetivos. Por lo expuesto, y por ser madre de dos personas con discapacidad, que están próximas a graduarse de abogadas junto conmigo, he considerado de interés social y de importancia el tema propuesto, a fin de contribuir al bienestar de esta población sensible de nuestra sociedad, proponiendo se incremente el porcentaje del 4% al 8% de personas con discapacidad que se incluyan en la nómina de empleados tanto en el sector público como en el sector privado.