Ineficacia del procedimiento previsto en el artículo 400 del código orgánico general de procesos, para el remate

Abstract

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “INEFICACIA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DEL PROCESOS, PARA EL REMATE” Está orientado o proponer una reforma a nuestro cuerpo legal con el ánimo de establecer la subasta de un bien en un porcentaje menor al cien por ciento de la cuantía establecida. Mediante la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, se ha transformado en el Ecuador el esquema procedimental para los procesos en materias no penales, transformación que incluye desde la oralidad de los procesos hasta llegar a la celeridad de los procesos. Dentro de estos cambios trascendentales se incorpora a este cuerpo normativo, un nuevo procedimiento para los remates, esto en el Art. 400, el cual precisa "Requisitos de la postura. Las posturas presentadas para primer y segundo señalamiento, no podrán ser inferiores al 100% del avalúo pericial efectuado." con lo cual a diferencia de la Ley anterior una vez realizado el avaluó pericial, los oferentes solamente podrán realizar sus posturas en base al 100% o más del avalúo real del bien a rematarse, no solo en el primer señalamiento, sino que de no haber posturas en este, luego de fallido el primer señalamiento por falda de ofertas, en un segundo señalamiento se deberá realizar el mismo procedimiento y bajo las mismas reglas, esto es con posturas iguales o superiores al 100% del avalúo del bien. Además, no se señala el procedimiento a seguir si en el segundo señalamiento tampoco se llega al remate del bien, por lo que la norma a más de ser equivoca, resulta insuficiente. Desde todo punto de vista la norma resulta ineficiente, pues bajo estas reglas en la práctica en muchos de los casos los remates no llegarán a darse y lo que es más grave aún al fracasar la institución del remate que tiene como finalidad ejecutar forzosamente la obligación incumplida, se estarían vulnerando los derechos de los acreedores. En nuestra Constitución de la República en el numeral 23, del Art. 66, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la propiedad, en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. Debemos tomar en cuenta La Carta Magna que en sus Arts. 75 y 82 nos dice sobre los derechos a la tutela efectiva y seguridad jurídica. Creo además que en esta disposición legal, debe establecerse, un punto de partida a partir del cual el perito debe hacer la valoración pericial del bien, con la finalidad de no perjudicar al deudor y al acreedor del bien. En este sentido dentro del juicio ejecutivo y con la finalidad de asegurar la obligación contraída por el deudor, el juez a petición de parte, podrá ordenar el embargo, hecho el cual se procede inmediatamente al avalúo y posteriormente al remate del bien.