Reformas legales al artículo 194 del código de procedimiento penal ecuatoriano, relacionado a los casos en que puede ser allanada una vivienda

Abstract

El derecho a la inviolabilidad de domicilio, se encuentra reconocido constitucionalmente, es decir nadie puede ingresar de manera arbitraria al domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley, pues de ocurrir lo contrario, acarrearía acciones legales de índole penal. En la actualidad lamentablemente se suscitan a diario una serie de actos punibles que generan inseguridad en las personas como son los robos a domicilios con daños a la propiedad, conductas que en gran número quedan sin una sanción penal debido a los vacíos legales existentes en el Código de Procedimiento Penal, como sucede con el allanamiento de las viviendas. De acuerdo a lo prescrito el art. 194 del Código de Procedimiento Penal, que señala que la vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser allanada sino en los casos siguientes: 1. Cuando se trate de detener a una persona contra la que se haya librado mandamiento de prisión preventiva o se haya pronunciado sentencia condenatoria a pena privativa de libertad; 2. Cuando se persigue a una persona que ha cometido delitos flagrante; 3. Cuando se trata de impedir la consumación de un delito que se está cometiendo o de socorrer a las víctimas; y, 4. Cuando la jueza o juez trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada a los objetos que constituyan medios de prueba. Como puedo apreciar el allanamiento de domicilio procede únicamente con orden de la Juez o Juez de Garantías Penales, situación ésta que ha permitido la impunidad de un sin número de delitos principalmente contra la propiedad, por cuanto limita el actuar del fiscal y la policía de manera inmediata. A mi criterio considero que se debe reformar esta disposición legal y establecer de manera clara la autoridad que debe realizar dicho allanamiento, debido a que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 de la citada disposición legal, señala que procede el allanamiento cuando el Juez o Jueza, trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada a los objetos que constituyan medios de prueba limitando la actuación del fiscal y la policía judicial. Como se sabe que para que la autoridad competente, esto es el Juez de Garantías Penales, emita la respectiva orden de allanamiento, debe seguirse el trámite correspondiente, tiempo en el cual bien puede el sospechoso ocultar las evidencias u objetos robados, y por ende quedarse la parte ofendida sin medios probatorios que permitan establecer la responsabilidad penal, quedando impunes una serie de conductas delictivas, principalmente en los delitos contra la propiedad, por ende pienso que debe reformarse esta disposición legal a fin de garantizar la tutela efectiva y la seguridad jurídica de las personas. A mi criterio, el fiscal como responsable de la investigación, bien en compañía de la policía judicial realizar dicha diligencia.