En la elaboración del plan de cierre por parte de las concesionarias mineras, se debe incluir la participación ciudadana como un derecho constitucional

Abstract

La necesidad de incluir la participación ciudadana en la elaboración del plan de cierre de las operaciones mineras conjuntamente con la empresa minera es un tema de gran interés por cuanto, el mismo genera una serie de consecuencias negativas al dejarse que únicamente sea la empresa la que elabore el mencionado plan, sin tomar en cuenta las necesidades de las comunidades afectadas por ésta actividad minera frente a la vulneración de sus derechos consagrados y amparados en las normativas de la Constitución. Siendo una temática trascendental, es importante tomar en cuenta que la participación de las comunidades conjuntamente con la empresa minera permitiría la creación de una serie de estrategias positivas que favorezcan a minimizar los impactos provocados y dejados por la explotación minera, constituyendo una garantía de respeto del fiel cumplimiento de los derechos que se tutelan en las leyes. Tras la búsqueda investigativa y minuciosa de aspectos importantes obtenidos a través de las diferentes fuentes bibliográficas, se ha comprobado que han y siguen existiendo un sin número de casos en los que se vulneran los derechos no solo de los individuos sino del medio ambiente (entorno en donde viven). El hecho de que la ley obligue a las empresas mineras a la elaboración del plan de cierre de las operaciones mineras no es fundamento suficiente para dejar a un lado el derecho que tienen las comunidades de expresar y hacer valer sus derechos, ni tampoco es suficiente como para garantizar la recuperación y rehabilitación de los lugares afectados. Ya que es primordial, que las comunidades afectadas sean partícipes directos pues son ellos los que conocen realmente como queda el lugar que fue afectado, motivos más que suficientes por los que es preciso proponer una reforma al Art. 85 de la Ley de Minería, en lo referente a que la elaboración del plan de cierre de la actividad minera sea con la participación activa de la comunidad, con el objeto de que se garantice la eficaz tutela imparcial y expedita de los derechos estipulados en la Constitución en igualdad de condiciones, sin discriminación de ningún tipo.