La potestad del juez de primera instancia de denegar de oficio el recursos de hecho, en el caso del numeral 1 del Art 367 del Código de Procedimiento Civil, atenta contra la garantía de recurrir prevista en el Art 76 numeral 7 literal M) de la Constitución de la República del Ecuador

Abstract

El derecho a la impugnación es una de los principales baluartes del derecho procesal y del derecho constitucional a la defensa, dentro de todo proceso judicial existen mecanismos legales previstos para que las partes procesal puedan efectuar control de legalidad y de justicia sobre las decisiones o resoluciones que adopte el juzgador, estos mecanismos reciben el nombre de recursos procesales. En este contexto, la legislación procesal ecuatoriana, y especialmente la normativa procesal civil, establece los recursos procesales que se pueden interponer para la solución de errores de aplicación de las normas sustantivas y procesales, tales como la aclaración, revocatoria, reforma o ampliación de decretos, autos y providencias. Así mismo se establece el recurso de apelación para ciertos casos, especialmente la sentencia para que sea revisada por el superior jerárquico del juez que dictó la resolución recurrida. Pero los recursos procesales también están sujetos a una resolución de admisibilidad que en el caso concreto del ordenamiento ecuatoriano, es de potestad del mismo operador de justicia del cual emanó la decisión impugnada. Es por ello que ante la denegación injustificada, existe un recurso procesal de carácter especial denominado recurso de hecho el cual es una garantía procesal reconocida a los litigantes o partes procesales en los juicios de jurisdicción voluntaria, que protege el derecho de recurrir, cuando se ha denegado el recurso de apelación, oportuna y legalmente interpuesto.Al momento de interponerse un recurso de hecho, el juez de primera instancia está en la obligación de elevar los autos al Superior sin calificar la legalidad o ilegalidad del recurso apercibiendo a las partes en rebeldía. El Superior es quien lo puede aceptar o denegar al recurso. La presente regla tiene excepciones, tales como: que el recurso haya sido interpuesto fuera del término legal o que la apelación denegada haya sido interpuesta extemporáneamente, cuando se haya pedido la apelación en el efecto devolutivo y el recurso de hecho en el efecto suspensivo, y cuando se trate de asuntos en que no cabe apelación. El Art. 326 del Código de Procedimiento Civil, establece que existen providencias apelables y no apelables, siendo estas segundas aquellas consideradas de mero trámite, en cuyo caso no se concederá el recurso de apelación. No obstante, los autos y decretos no son apelables, sino cuando causan gravamen irreparable en definitiva, es decir si en un auto, decreto o providencia aunque sea de mero trámite, puede conllevar a un obstáculo procesal para continuar la tramitación. Es en este punto donde surge una problemática jurídica, ya que la esencia o naturaleza jurídica del recurso de hecho es amparar al recurrente en caso de denegación del recurso de apelación, su efecto inmediato consiste en la obligación del juez de que sin calificar la legalidad o ilegalidad del recurso lo eleve al superior, con notificación a las partes en rebeldía conforme establece el Art. 366 del Código de Procedimiento Civil.Pero la facultad de denegar de oficio el recurso de hecho produce efectos negativos en la garantía constitucional de recurrir, por cuanto si la ley procesal civil ha establecido que el juez de primera instancia puede denegar el recurso de apelación indicando que las providencias o autos son inapelables por ser de mero trámite o por indicar que no causa gravamen irreparable, da cabida a que también se deniegue el recurso de hecho, lo cual desnaturaliza la esencia jurídica de la institución del recurso de hecho, pues este recurso tiene la finalidad de proteger a las partes de cualquier denegación arbitraria del recurso de apelación. Pues de nada sirve una garantía (recurso de hecho), si puede ser denegado por el mismo juez de primera instancia que dictó la providencia de la cual la parte recurrente siente inconformidad. La situación es alarmante ya que si la providencia o auto del juez de primera instancia, puede ocasionar gravamen irreparable o un obstáculo para la sustanciación de la causa, y que una vez denegada la apelación y el recurso de hecho, no existe otro mecanismo judicial para reparar el daño ocasionando inseguridad jurídica.