La ausencia de norma expresa en la Ley Orgánica De Participación Ciudadana para la conformación de las instancias locales de participación vulnera los principios constitucionales de deliberación pública y autonomía de las organizaciones sociales

Abstract

La presente investigación plantea la urgencia del establecimiento de norma expresa para la conformación de las instancias locales de participación de forma que regule la discrecionalidad de la autoridad en sus convocatorias. En tal virtud, se precisa realizar un estudio desde el ámbito conceptual, doctrinario y jurídico, que justifiquen la implementación de una reforma que dé cuenta de la generación de un real sistema de participación ciudadana, que a la vez exija de las mismas organizaciones sociales un proceso de democratización interna para su fortalecimiento. En este contexto, el marco conceptual contiene definiciones desde el ámbito de la Ciencia Política en la que se aborda lo relacionado al Estado, la nación, la sociedad civil, el desarrollo, la organización política y la organización social. Por su parte en el plano del Derecho Constitucional se aborda acepciones relacionadas con el neoconstitucionalismo, la democracia, la participación ciudadana, la autonomía y la deliberación pública. Por el lado del marco doctrinario, se revisa la opinión de los diferentes tratadistas en el campo del derecho, la filosofía y la sociología, disciplinas que se interrelacionan entre sí para el estudio del comportamiento humano en las diferentes épocas históricas. En ese capítulo se analiza el desarrollo de la democracia y su vinculación con la sociedad, y los grupos de poder existentes, empezando por la familia como expresión básica de organización social en el territorio, pasando por la ciudad-Estado ateniense que surge como lo más avanzado de la organización política con el surgimiento del Estado, apareciendo por primera vez el concepto de democracia como forma de administración de aquél, hasta llegar a nuestros días en los que se debate la vigencia de la misma democracia en la medida que excluye de las decisiones más importantes a la mayoría de la sociedad, cuya presencia se reduce únicamente al ámbito electoral. En este período crecen las demandas de las organizaciones sociales exigiendo transparencia en la gestión de las autoridades y mayor control social, empieza a debatirse sobre la dimensión de la democracia, aparecen corrientes que defienden un modelo de democracia representativa que delega a los sujetos políticos la solución de las necesidades sociales; y la democracia participativa cuya esencia radica en la presencia de los ciudadanos en la toma de decisiones y control social de los gobernantes y de su gestión. En lo que respecta al marco jurídico se revisa la legislación que contiene disposiciones relativas a la participación ciudadana como son el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y sobre todo la Constitución de la República que garantiza la transversalidad de la participación ciudadana, cuya máxima expresión alcanza en la generación de institucionalidad como la Función de Transparencia y Control Social que la integran el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los organismos de control establecidos en la Norma Fundamental. En el ámbito de la legislación comparada se ha recogido la legislación boliviana, nicaragüense y venezolana, ya que contienen normas relativas a la participación ciudadana en el ámbito de la gestión de los gobiernos locales, a lo que nuestro ordenamiento jurídico los denomina Gobiernos Autónomos Descentralizados. No se ha incluido en el análisis de la legislación comparada a la argentina, colombiana, chilena y peruana, que contienen cuerpos legales que regulan la participación ciudadana en el marco de los procesos electorales relativos a la iniciativa legislativa ciudadana y la revocatoria de mandato, pero no establecen procesos de regulación de la interacción en las autoridades locales y la sociedad civil organizada en esos territorios. La normativa que se refiere a la integración de las instancias locales de participación ciudadana, garantiza la presencia individual y colectiva de los ciudadanos; no obstante es precisos destacar la importancia de las organizaciones sociales como gestoras de política pública, y porque en éstas se recogen las aspiraciones individuales. Por ello, se pone de relieve la importancia del fortalecimiento de las organizaciones sociales, respetando su autonomía en la relación con los órganos estatales. Con estas consideraciones la investigación propone una reforma a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que permita mejorar los niveles de participación de las organizaciones sociales sobre la base de la autonomía, es decir, las organizaciones pueden decidir en qué espacios participar y con quienes. En otras palabras, ejercer proactivamente el derecho de asociación, sin que la autoridad en forma discrecional convoque a la conformación instancias de participación, sino que sean el resultado de la conveniencia de los actores sociales y de los individuos. Una reforma que al propio tiempo identifique con claridad cuáles son las modalidades de participación en el territorio y diferenciarlas de las estructuras orgánicas internas que dinamicen su funcionamiento; así como armonizar las distintas disposiciones que aluden a las instancias de participación, sobre todo lo concerniente al acto normativo que formalice su presencia tanto al nivel de la planificación como al de presupuestación. Esta urgencia de reforma se sustenta en el requerimiento de la mayoría de dirigentes de organizaciones sociales que mediante una encuesta formulada por el investigador en la que se visibiliza la necesidad de un cambio en la ley que dé cuenta de una profundización de la democracia desde la perspectiva de las relaciones con la autoridad local, como al interior de las propias organizaciones sociales