Regular en el COIP, cuando en sentencia se debe imponer la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado

Abstract

La tendencia doctrinaria actual es el derecho penal de mínima intervención o ultima ratio donde se busca sustituir la pena de prisión o cárcel por mediadas alternativas, debido a que las penas privativas de libertad en la actualidad están en crisis por el fracaso histórico, falta de idoneidad y eficacia de estas penas para lograr una efectiva rehabilitación y pronta reinserción a la sociedad del sentenciado. En la práctica es fácil darse cuenta que las cárceles no rehabilitan, no educan, ni preparan al individuo para su reinserción social, en la realidad se ha convertido en verdaderas escuelas del crimen. La prisión en pocas palabras significa desarraigar a la persona de su hábitat natural e introducirlo no solo en una celda, sino en una comunidad hostil, violenta, alejado de la unidad familiar y sus afectos. Por otro lado, la cárcel no sólo constituye un perjuicio para las personas privadas de la libertad, sino, también para los familiares. Los principales efectos de la nocividad de aplicar penas privativas de libertad de corta duración en delincuentes primarios o de mínima peligrosidad es la perdida de estabilidad económica, laboral y familiar; y, afectaciones físicas, daños en la salud y trastornos Psicológicos en el privado de la libertad y en su familia. Ante el panorama expuesto y el convencimiento acerca de la nocividad del cumplimiento de la pena privativa de libertad en las cárceles llevó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a aprobar en fecha 14 de diciembre de 1990, las Reglas Mínimas sobre las Medidas no Privativas de Libertad, también llamadas Reglas de Tokio; y, en la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH mediante Resolución de fecha 14 de marzo del año 2008, ha establecido los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Instrumentos jurídicos con los cuales se pretende impulsar la imposición de medidas alternativas, previo a que el infractor cumpla con algunos requisitos establecidos en la Ley. En países latinoamericanos, las infracciones sancionadas con penas de corta duración se aplica una gama de medidas alternativas a la pena privativa de libertad, a fin de que no tengan tan fuerte impacto negativo sobre el individuo y las personas que depende de éste, tales como la suspensión del juicio a prueba, reclusión parcial, prisión o arresto domiciliario, multa reparatoria, entre otras. En Ecuador, solo tres cárceles cumplen con ciertos estándares de rehabilitación, específicamente los construidos en Azuay, Cotopaxi y Guayas, mientras que los demás Centros de Privación de la Libertad casi en nada ha cambiado del viejo sistema penitenciario. Además hasta la presente fecha no existe un Centro Adecuado para personas Adultas Mayores en el país, situación que obliga a los Jueces a disponer el cumplimiento de penas privativas de libertad en las cárceles comunes o en lugares no adecuado, lo cual vulnera los Derechos Constitucionales de estas personas que según la Constitución requieren atención prioritaria. En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 77 numeral 11 se ha previsto la aplicación de sanciones alternativas a la privación de la libertad de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la Ley; en el Art. 60 numeral 7 y Art. 66 del Código Orgánico Integral Penal, el asambleísta ha establecido como pena no privativa de libertad la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en sentencia, sin embargo, en el cuerpo legal antes citado, si bien prevé esta sanción alternativa, pero, no se indica en qué casos y cuáles son los requisitos para la aplicación de esta medida alternativa en favor de las personas sentenciadas. La falta de regulación sobre la aplicación de la pena no privativa de la libertad de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en la sentencia trae como consecuencia: a.- Inseguridad jurídica por cuanto el COIP no establece normas jurídicas que en forma clara y precisa establezca los casos, plazos, condiciones y requisitos que permitan a las Autoridades competentes aplicar como sanción o medida alternativa; b.- Violación al derecho constitucional de las personas y grupos de atención prioritaria, entre ellos el derecho a la salud, vida digna, al trabajo y el Interés superior del menor; c.- Perdida de estabilidad económica, laboral y familiar del infractor primario o de mínima peligrosidad; y, d.- Daños y trastornos psicológicos en el delincuente primario y en su familia. De ahí que mi propuesta de reforma jurídica se orienta a regular en el Código Orgánico Integral Penal, la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en sentencia como una medida alternativa para personas que requieren atención prioritaria, de alguna manera evitar las consecuencias indicadas en el párrafo anterior; flexibilizar la sanción penal en cuanto al lugar y el horario en el cual se debe cumplir la condena; y, lograr una efectiva rehabilitación y reinserción social. En el sistema de justicia penal y de rehabilitación social del Ecuador, se hace necesaria una reforma integral acorde con la realidad social del país y las nuevas tendencias de la política criminal, que se traduzca en sustituir las penas de encierro en cárceles que se ha venido manteniendo desde más de un siglo por penas no privativas de la libertad o cumplimiento de la pena en el domicilio del infractor o en algún lugar distinto a la cárcel, trabajo en favor de la comunidad, asistir obligatoriamente a programas de prevención, terapias con distintos especialistas, entre otras medidas y penas alternativas. Para de esa forma armonizar el marco jurídico del país con la normativa internacional y la doctrina penal moderna.