Inconstitucionalidad del art. 68.1 de la Ley Orgánica de Justicia Laboral en relación a la eliminación del aporte estatal del 40% al instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) para las pensiones jubilares

Abstract

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al análisis legal del régimen de la seguridad social en el Ecuador, de tal forma que se plantea a continuación un antecedente del conflicto jurídico identificado;

Con fecha 20 de abril del 2015 y publicada en el Registro Oficial, Tercer Suplemento, No. 483, pasó a integrar y complementar la normativa en materia laboral en el Ecuador la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, la misma que reforma la Ley de Seguridad Social y otros cuerpos normativos como el código del trabajo, la ley de empresas públicas y la ley orgánica del servicio público.

Entre los aspectos principales, la normativa en mención establece algunas regulaciones direccionadas a precautelar los derechos de los afiliados y a posibilitar la protección y tutela de los beneficiarios o beneficiarias a ciertos derechos de la seguridad social.

Sin embargo en la revisión crítica de las reformas introducidas, es necesario distinguir los efectos positivos y negativos que generan los cambios normativos, pues es necesario como profesionales en formación cuestionar las falencias y limitaciones que se evidencian en ciertos aspectos, y precisamente en materia del desconocimiento del aporte estatal del 40% para el pago de las pensiones jubilares, es indispensable notar el perjuicio que se presenta cuando la normativa en mención elimina dicho aporte, regulando sobre este particular en los siguientes términos:

“Artículo 68.1.- Sustitúyase el texto del artículo 237 por el siguiente: “Art. 237.- Financiamiento.- El Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas, independientemente de su situación laboral.

El Estado Central será responsable subsidiario y garantizará el pago de las pensiones del Sistema de Seguridad Social únicamente cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago del Seguro General Obligatorio y del régimen especial del Seguro Social Campesino.

En este caso, se deberá incorporar en el Presupuesto General del Estado los recursos respectivos, aún sobre otros gastos.”

Con esta reforma que se introduce en la Ley de Seguridad Social, queda prácticamente desconocido su art. 237 correspondiente al aporte estatal del 40 por ciento para pensiones jubilares y atención médica en salud; también desconoció los convenios de pago firmados en varias etapas por funcionarios del Gobierno y por último no respetó el Informe de Contraloría General mediante el cual se determinó los compromisos estatales con el IESS.

Con el antecedente descrito, la eliminación del aporte estatal del 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para las pensiones jubilares, además de ser evidentemente inconstitucional, contraviene varios tratados internacionales; no se puede omitir lo descrito en el Art. 11 de la Constitución de la República respecto de los principios de aplicación de los derechos, pues se establece claramente:

“que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuye, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”

De tal suerte que es necesario plantear alternativas que permitan encauzar el efectivo derecho a la seguridad social en condiciones óptimas e integrales, con el objetico de fortalecer los procesos de universalización de los servicios que presta el IESS, amparando sin limitaciones los derechos de los afiliados y sobretodo evaluando y planificando adecuadamente la cobertura institucional para satisfacer con eficiencia y eficacia las contingencias que demanda la población en materia de seguridad social