La inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813 aplicado a los servidores públicos ha violentado los preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador

Abstract

El Decreto ejecutivo 813 que regula la cesación de funciones por renuncia obligatoria con indemnización, es inconstitucional e ilegal, porque violenta normas de la Constitución de la República del Ecuador, ya que se obliga a la cesación de funciones con la renuncia obligatoria, distante a la señalada en la Ley que es una renuncia con indemnización, esto va en contra de la concientización constitucional a favor de los derechos fundamentales y donde los mismos se elevan como eje central del sistema jurídico, y como sustento universal de irremediable legitimidad, gracias al limitado rol de la doctrina jurídica que permite explicar la justificación del derecho; como un proceso de constitucionalización del sistema o vida jurídica, limita el ejercicio del poder público mediante la protección de los derechos de las personas, con lo cual da la constitución un nuevo orden de valores.

La obligatoriedad en la compra de renuncia, como una forma de cesación de funciones en el servicio público, está determinado en el reglamento y no en la Ley, por la cual la reserva en la cesación de funciones es de tipo reglamentario, y no a través de una Ley como lo determina la norma constitucional, que en la Ley se determina la compra de renuncia con indemnización, que de ningún modo pueda el Estado y sus autoridades a renunciar en nombre de los servidores públicos, en la cual se está imponiendo con la renuncia obligatoria la voluntad a obligarse a renunciar a derechos, como al trabajo y a la estabilidad laboral, que por principios son irrenunciables.

La norma constitucional reconoce la estabilidad laboral, pero la compra de renuncias de forma obligatoria, no determina la voluntad del servidor público, que goza de derechos señalados en la Constitución y la Ley, con lo cual tiende a la desprotección de la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, en la que la argumentación del cese de funciones responsa a la ineficacia de los servidores públicos, carece de fundamento jurídico y además irrespeta la obligación de la Constitución y la Ley le impone al Estado de formar y capacitar para cumplir con la obligación de prestar servicios de calidad.

La compra de renuncia de forma unilateral, trae como consecuencia el irrespeto a la norma constitucional y legal, por violentar la tutela jurídica de supremacía constitucional. Pues la Constitución permite que la Ley esté a cargo de la cesación de funciones, y ésta a través de la renuncia con indemnización, pero el reglamento se abroga funciones que no le competen y va más allá, permite la renuncia de forma unilateral, cuando expresa que debe ser obligatoria, y que las autoridades del Estado en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas, proceden a dar por terminado la relación de servicio con el servidor público, lo cual representa un irrespeto constitucional a la seguridad jurídica y de irrespeto a la Ley que noexiste renuncia obligatoria, sino con indemnización