Medidas alternativas al art. innumerado 22 del libro segundo, título v del Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de establecer un programa comunitario que ayude a los alimentantes que no tienen fuentes de ingresos y deben pagar pensiones alimenticias

Abstract

El Art. innumerado 22 del Libro Segundo, Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, establece que en caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días.

Pero más sucede que cumple con la medida cautelar personal por el no pago de pensiones alimenticias, y debe salir sin que por ello haya pagado esas pensiones atrasadas, por lo que se afectado el derecho de los niños, niñas y adolescentes a percibir de aquellas pensiones que satisfagan las necesidades básicas que conlleva los alimentos en una persona, siendo necesario que se establezca un programa comunitario para que ayude a cumplir con la obligación de pasar alimentos, como son lo que no tienen fuentes de ingresos.

En efecto el alimentante es detenido con la orden judicial y posteriormente conducido a los centros de detención provisional, pero que sucede, cuando dicho alimentante no tiene trabajo estable, cuando su situación tanto económica como sicológica es deprimente en algunos casos inclusive, peor situación de los mismos alimentados y con esta orden de apremio personal en su contra, perjudica aún más la situación, pues transcurren treinta y hasta ciento ochenta días detenidos, dependiendo de las circunstancias de reincidencia, y en los motivos ya indicados no pueden conseguir el dinero para cubrir la deuda, lo que ocurre es que siguen transcurriendo los días, las semanas y los meses, e inclusive los años y dichas personas privadas de su libertad se sienten física, emocional y sicológicamente acabadas, su poca dignidad de ser humano ha sido sepultada con las instituciones jurídicas ya indicadas, además no existe disposición legal alguna en la que puedan apoyarse o acogerse, así como siguen pasando los días y como es lógico la pensión alimenticia sigue acrecentando lo que se hace más imposible aún de pagar y sus posibilidades de adquirir la libertad son quiméricas.

Es así que dentro de la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11, numeral 9 “El más alto de deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”.

Al igual el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza al trabajo como “un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía”, dado el eminente índice de desempleo en el país, este se ve vulnerado, instaurar en la mayoría de casos en un factor primordial que conlleva al apremio personal de quien incumple, con consecuencias nefastas que además son causa de despidos en el trabajo.

Como es de nuestro conocimiento el Estado es el encargado de generar fuentes de trabajo considero que éste está fallando al no generar empleo y por ende se crean problemas y vacíos jurídicos los que atentan flagrantemente contra los derechos fundamentales de los obligados alimentantes, como es el derecho a la libertad y la honra. En base a estos aspectos considerados necesario realizar el presente trabajo investigativo con el fin de regular el trabajo comunitario para el pago de pensiones alimenticias adeudadas

Notamos además que el apremio personal, lejos de solucionar la situación socio-económica por la que se encuentra atravesando él o la obligada que no ha pagado oportunamente las pensiones alimenticias, en muchos de los casos es causa de un sinnúmero de despedidos intempestivos, y por ende la pérdida de su trabajo. A ello se suma la inadecuada aplicación de las pensiones en las que el juzgador no lo hace de acuerdo a los ingresos mensuales del obligado, sino más bien de acuerdo a los bienes económicos que éste posee, tornándose la prisión por alimentos en una disposición legal injurídica, injusta, impráctica, inmoral, inhumana, arbitraria, lesiva y más bien propiciando el desafecto o rencor entre padres e hijos, atentando a los más elementales derechos de las personas como la libertad, la integridad personal y la honra, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines