Necesidad de reformar el regimen de juzgamiento del menor adulto responsable de accidentes de tránsito, considerando su desarrollo bio-sico-social; previo aplicar medidas socio-educativas proporcionales que permitan su rehabilitación

Abstract

La presente tesis lleva por título: “Necesidad de reformar el régimen de juzgamiento del menor adulto responsable de accidentes de tránsito, considerando su desarrollo bio-sico-social; previo aplicar medidas socioeducativas proporcionales que permitan su rehabilitación”, al estudiar las Infracciones de Tránsito, son las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. Las infracciones de tránsito se clasifican en contravenciones y delitos; Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la infracción, no serán punibles cuando son resultado de fuerza mayor y caso fortuito. Es así un ejemplo un delito de transito seria; quien conduciendo un vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que resultaren muertas una o más personas será sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Pero estos delitos y sanciones de transito son aplicables únicamente a los infractores adultos, y no a los adolescentes, ni menores adultos; por lo tanto, estos son reprimidos con medidas socioeducativas que no garantizan en nada su rehabilitación, volviéndoles sujetos al volante peligrosos para la sociedad. El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos, la aplicación de encuestas y entrevistas, me permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis planteada; tanto la Constitución de la República del Ecuador, como dispone que el Estado garantice la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. Además establece que regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático.