Necesidad de que los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a doce años sean escuchados dentro de las audiencias que se desarrollan para determinar el régimen de visitas, garantizando su participación y cumpliendo con el principio constitucional de desarrollo integral

Abstract

El presente trabajo de investigación se realiza frente a la evidente necesidad de que los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a doce años tengan participación en el desarrollo de audiencias para el establecimiento o regulación del régimen de visitas, de manera que, se garantice el cumplimiento de sus derechos y principios constitucionales, que en este caso sería el derecho a ser escuchado, derecho a participar, a tener un desarrollo integral óptimo, a ser consultado, a disfrutar de la convivencia familiar, a una vida digna y que prevalezca el interés superior del menor a cabalidad. Actualmente, las audiencias para el establecimiento del régimen de visitas se realizan frente a un Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con la intervención de ambos progenitores y sus defensores, así mismo, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se establece que los menores de doce años podrán participar pero el juez valorará su opinión según su edad y madurez, lo cual considero erróneo puesto que en base a los estudios de los doctrinarios y profesionales en psicología determinan que un niño o niña empieza su etapa de conciencia y lógica a partir de los 7 hasta los 9 años de edad, de manera que, a partir de esta edad ya tienen un criterio formado y están en la capacidad de brindar una opinión óptima la cual resguarde sus intereses, es por ello que se considera necesaria la obligatoriedad para que el juez escuche y tenga en cuenta la participación del menor antes de resolver. Es importante mencionar, que antes de la intervención del menor involucrado en audiencia se debe realizar un análisis psicológico realizado por profesionales de la materia o trabajadores sociales y a través de un informe establecer bajo qué circunstancias o de qué manera ha sido afectado el menor frente a los litigios de sus padres, pues cuando existen este tipo de disputas los principales afectados siempre son los niños y niñas, eh incluso en varios de los casos se evidencian manipulaciones donde el principal diagnostico obtenido es el desarrollo del Síndrome de Alienación Parental, una vez emitido el informe por los profesionales de la psicología de estimar necesario se debe determinar si el menor está apto para participar o necesita de algún tratamiento psicológico previa audiencia, de manera que pueda salvaguardar sus intereses. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia el cual busca garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y constitucionales de la Carta Magna, al ser los niños y niñas considerados un grupo de atención prioritaria, lo principal antes de resolver un caso donde ellos se encuentren afectados es tener en cuenta sus intereses, a pesar que el Código Orgánico de 3 la Niñez y Adolescencia tiene como finalidad disponer la protección integral donde el Estado, la sociedad y la familia garanticen a todos los niños y niñas el goce y disfrute de sus derechos con el objetivo de lograr su desarrollo integral en base al principio constitucional de interés superior de la niñez no se cumple a cabalidad, esto se evidencia dentro del régimen de visitas, comenzando por su familia, misma que le vulnera el disfrute de una convivencia familiar y estabilidad en su vida, así mismo, al momento en que el juzgador resuelve sin tener en cuenta la participación del menor no se está prestando atención a sus intereses o necesidades básicas sin conocer la situación por la que se encuentra pasando, de esta manera, no solamente se están vulnerando los derechos mencionados anteriormente sino que también una mala decisión entorpecería su óptimo desarrollo integral y sus etapas de crecimiento y maduración no serían las adecuadas afectando así el interés superior del menor.