ANÁLISIS DE LA NO ACUSACIÓN, AL INVESTIGAR LOS DELITOS DE PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Abstract

El Estado Ecuatoriano se sustenta en un régimen democrático, con instituciones que prohíben que el poder esté representado en una sola persona, o que éste sea hereditario (Calvo, 2016, pág. 1). Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La corrupción es un “flagelo que atenta contra los derechos humanos y, como lo declara la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” (ONU, 2017), representa una grave amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia. Durante el año 2012 a 2013, “el peculado ha sido el delito más denunciado, con un registro de 776 causas” (Benítez, 2013, pág. 8), es así que la falta de credibilidad en el poder judicial y una impunidad sostenida son algunos de los factores que alientan la corrupción y dan paso a la necesidad de investigar la falencias en su proceso. Al respecto, la Fiscalía (2018), como parte de la Función Judicial, se ha propuesto aplicar efectivamente los principios constitucionales, a través del apego irrestricto a las normas del debido proceso y la lucha incólume contra la impunidad y la persecución de los delitos contra la administración pública, en especial el peculado, y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados.El acceso restringido a la información cuando el fiscal actúa bajo el precepto de reserva de la información y amparado en la norma penal, lo que motiva a ser archivado por la falta de méritos para la acusación, razones que no permiten el acceso al conocimiento de dichos casos, generando que la información en relación a las actuaciones del sector público, no sean conocidas por el cuerpo colegiado de abogados y aun peor por la ciudadanía, lo que hace cuestionarse lo siguiente: ¿Debe haber acceso a investigaciones que se deben haber cumplido en la Fiscalía, si ésta se abstiene y no acusa? Dando lugar a lo que afirma Roldós (2018): Cuando son en relación a actuaciones en el sector público, sí, porque permitirá verificar que no se trató de un encubrimiento y protección desde la Fiscalía. Tan grave es la persecución desde el poder contra opositores, criminalizando cualquier crítica, como la protección a funcionarios deshonestos o corruptos. Si el peculado, el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito, son imprescriptibles. (pág. 1) El no acceso a investigaciones realizadas por la fiscalía, solicita el archivo y no acusa, en relación a actuaciones dolosas del sector público, lo que permite el ocultamiento de funcionarios deshonestos que han realizado delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, dando motivación para que se dé la reforma del carácter de reservado de estas investigaciones, para así poder verificar que el Fiscal cumplió a cabalidad con su trabajo y que el funcionario público no cometió ninguno de estos delitos contra el estado. El problema es la no acusación de la fiscalía al investigar la actuación del sector público reserva o encubrimiento, y al no conocer la diferencia entre el desconocimiento por parte del pueblo y disimulo por parte de los políticos, ocasiona esencialmente el 4 uso de la demagogia como elemento de disuasión, corrupción y falta de preparación para puestos públicos. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es comprobar la existencia de reserva y ocultamiento en cuanto a la no acusación en las investigaciones de peculado y enriquecimiento ilícito en las actuaciones de funcionarios del sector público por parte de la Fiscalía General del Estado (2018), puesto que el no acceso a investigaciones realizadas por la fiscalía, y que solicitan el archivo y no acusa, en relación a actuaciones dolosas del sector público, permite el ocultamiento de funcionarios deshonestos que han realizado delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Comprobar la existencia de reserva y ocultamiento en cuanto a la no acusación en las investigaciones de peculado y enriquecimiento ilícito en las actuaciones de funcionarios del sector público por parte de la Fiscalía General del Estado (2018). La presente investigación no está en contra de la reserva de la investigación judicial, pues es una práctica común de numerosos organismos estatales y de las autoridades, sin embargo, el negar a los profesionales preparados el acceso a la información bajo su custodia, porque a su "buen criterio” a estas autoridades simplemente les parece ", que esta información debe ser reservada, y que actúan basados en algún "instructivo" protector del secreto o algún viejo reglamento, lo importante de la Ley en cuestión es que ella debe establecer claramente los motivos y el criterio para que una información sea considerada como reservada y así, se cierren las puertas a la discrecionalidad injustificada de las autoridades. El proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante remitido por el Ejecutivo a la Asamblea se compone de 10 artículos, dos disposiciones generales, una transitoria, una derogatoria y una final. Implica reformas a la Ley 5 Orgánica de Servicio Público (2017), a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y al Código Orgánico Integral Penal (Pesantez, 2018). Dentro de los Objetivos del proyecto de ley está el incautar los bienes a los corruptos y facilitar la recuperación del dinero mal habido. Para la etapa de procedimientos, el artículo 590 (COIP, 2014) tiene como Finalidad, la etapa de instrucción, misma que determina los elementos de convicción, de cargo y descargo, que admita formular o no, una acusación en contra de la persona procesada e investigada, teniendo presente la presunción de inocencia hasta que las pruebas dictaminen lo contrario. En la etapa de Instrucción, se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación (COIP, 2014) (Artículo 591) La presente investigación “análisis de la no acusación, al investigar los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito”, y así comprobar la existencia de reserva y ocultamiento en cuanto a la no acusación en las investigaciones de peculado y enriquecimiento ilícito en las actuaciones de funcionarios del sector público por parte de la Fiscalía General del Estado.