EL SILENCIO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO Y SU INCONSTITUCIONALIDAD

Abstract

La importancia del objeto estudio en esta investigación jurídica es un problema derivado del Derecho Público, que se denomina: “El SILENCIO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO Y SU INCONSTITUCIONALIDAD”, y se sustenta en la necesidad de acatar lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador acerca del Derecho de Petición y la obligación de la Administración de proporcionar una respuesta debidamente fundamentada y de manera oportuna, considerando que la función púbica se encuentra al servicio de la colectividad y que los servidores públicos deben cumplir sus deberes y obligaciones, de manera eficaz y eficiente frente a los reclamos presentados; así mismo las Leyes que regulan el Silencio Administrativo en nuestra normativa vigente. En el desarrollo de este trabajo de titulación también se ha demostrado que el Silencio Administrativo se encuentra en contradicción frente al mandato imperativo del Derecho de Impugnación, como lo dispone el art. 173 de la Constitución que sostiene, que los administrados gozan de la facultad de impugnar los actos administrativos, ya sea ante la sede Judicial o ante la misma Administración y el deber de dar una respuesta a toda petición presentada y las consecuencias que la omisión podría acarrear. Así mismo en esta tesis se ha demostrado que el Silencio Administrativo, entra en controversia con el principio de Supremacía de la Constitución, al aplicar por parte de los funcionarios públicos el Código Orgánico Administrativo donde se encuentra regulado la figura jurídica del silencio administrativo y no los preceptos Constitucionales, como el derecho de Petición y de Impugnación en relación a las solicitudes planteadas. Además claramente se ha evidenciado que los servidores públicos emplean de una manera errónea la figura jurídica del Silencio Administrativo, al permitirle al servidor público que 3 no resuelva una petición o reclamo en el término que la Ley estipula, demostrando una actitud de negligencia e inoperancia de los mismos y lo que es peor aún que su actitud responda a compromisos o pagos de favores en beneficio de los peticionarios allegados a ellos, perjudicando al ente Público y a los fines del pueblo representado en la Administración Pública. De lo desarrollado en este estudio jurídico y siendo el silencio administrativo inaplicable por entrar en pugna con el Derecho de Petición, Impugnación y el principio de Supremacía de la Constitución, se planteó una reforma jurídica, con el fin de derogar el Silencio Administrativo, con su debida fundamentación y con las conclusiones y recomendaciones sobre el tema planteado.