Inconstitucionalidad del registro de antecedentes penales como requisito para el proceso de adopción, vulnerando la igualdad de derechos, deberes y oportunidades

Abstract

Mi trabajo de tesis llevado a cabo es de transcendental importancia y su problema socio- jurídico se refiere a la “INCONSTITUCIONALIDAD DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA EL PROCESO DE ADOPCIÓN, VULNERANDO LA IGUALDAD DE DERECHOS, DEBERES Y OPORTUNIDADES” estudiado y analizado minuciosamente nació la imperiosa necesidad de tratarlo por no permitir la adicción a una persona que haya cometido un delito y por ende tenga un registro de antecedentes penales. Hace mucho tiempo la adopción se veía como un acto de caridad, hoy en día la adopción es una solución para que los menores puedan volver a tener una familia y las parejas o personas solicitantes puedan vivir y disfrutar la experiencia de tener un hijo. Antes de adoptar tiene que haber un proceso de reflexión, dejando un poco de tiempo transcurrir, pues no es sólo una cuestión de cariño. Además, dada la función de protección del menor a que responde, se asumen las obligaciones de cuidar del adoptado. Procurando en todo momento el interés superior del menor. La adopción es la protección y amparo en la crianza, educación y cuidado de un hijo que no lo es consanguíneamente, sino que se lo considera como parte e hijo propio, como si de esa pareja lo hubiera concebido. Institución que en nuestra legislación se encuentra regulado tanto por el Código Civil como por el Código de la Niñez y Adolescencia. En cuanto al Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 159 señala como requisitos de los adoptantes: el domicilio en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el Ecuador haya suscrito convenios de adopción, ser legalmente capaces, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, ser mayor de veinticinco años, tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco años con el adoptado, la pareja adoptante debe ser heterosexual y estar unidad por más de tres años en matrimonio o unión de hecho, gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las responsabilidades paternales, disponer de recursos económicos indispensables, y no registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de reclusión. El requisito de no tener antecedentes penales, por partes de los adoptantes, es de no tener antecedentes penales por parte del interesado a pedir la adicción de un menor, ésta sanción ya no se encuentra enunciada como tal, lo que se menciona con penas privativas de la libertad en general, con lo cual se elimina la diferencia entre reclusión y prisión, se denominan penas privativas de la libertad. Los antecedentes penales en una persona que haya recibido una pena privativa de la liberta mayor a diez años, y para todo clasificación de sanción, vulnera derechos constitucionales como la no discriminación por pasado judicial establecido en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución prohíbe la discriminación por pasado judicial y utiliza una desviación genérica, no especifica, es decir, cualquiera sea la naturaleza del pasado sin restricción alguna; por ende una persona con el pasado judicial que fuere, no podrá restringírsele sus derechos, entre ellos, el acceso al trabajo en el sector público, por el contrario la Constitución le ampara y protege. El Código de la Niñez y Adolescencia reconoce en el Art. 152 la adopción plena, en la que se establecen entre adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial, pero en ningún momento se hace referencia a su condición de pasado judicial, por ello los antecedentes penales nada tiene que ver como requisito de la condición filial en el proceso de adopción. Siendo aquel, un hecho que causa inseguridad jurídica, como prescribe el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando aquel requisito no hay un respeto a los derechos constitucionales de que nadie puede ser discriminado por pasado judicial.