El sistema abreviado y su inconstitucionalidad en la vulneración de los derechos del procesado en el art. 635 numeral 3 del código orgánico integral penal

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada el pasado 28 de septiembre del 2008 a través de un proceso jurídico inédito en la historia de nuestro país, en el cual los ciudadanos y ciudadanas acudieron masivamente a las urnas a expresar su opinión en lo relacionado al nuevo texto constitucional. Con este nuevo cuerpo normativo el Estado ecuatoriano ha realizado un salto significativo en el que hacer constitucional, al considerar a nuestro país como un Estado Constitucional de derecho y justicia, régimen indispensable para la nueva era jurídica que vivimos a nivel latinoamericano y nacional. En la legislación penal ecuatoriana se ha evolucionado hacia la implementación de un proceso penal acusatorio oral, cuya finalidad es entablar la contradicción entre las partes litigantes en el marco del debido proceso que le reconoce y garantiza la constitución, sin embargo aún persisten rezagos jurídicos con los cuales se pretende vulnerar los derechos de los investigados o procesados. El procedimiento abreviado, fundamentalmente para su aplicación, de conformidad a lo determinado en el Art. 635 del Código Orgánico Integral Penal debe el procesado asumir el cometimiento de una infracción, es decir declararse culpable y responsable de haber transgredido la ley penal y ser juzgado con mayor celeridad. “Art. 77 numeral 7 literal c.- “Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal”1 La Constitución garantiza a todos los ecuatorianos que no pueden ser forzados a declarar en contra de sí mismos cuando ello implique responsabilidad penal, por lo que el procedimiento abreviado sería en su numeral 2 inaplicable e inconstitucional, por ello el presente trabajo de tesis es para analizar tanto constitucionalmente como penalmente este particular a fin de que el proceso penal sea justo, equitativo y conlleve a una correcta aplicación de la justicia en nuestro país. De ahí la necesidad de reformar el Art.635 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a garantizar los principios constitucionales de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, en respeto de los derechos del procesado, sin que sea uno de los requisitos para que se sustente el procedimiento abreviado la autoincriminación o aceptación del delito cometido.