Reforma al código orgánico integral penal, en cuanto a las sanciones para los padres, representantes legales y tutores que obligan a trabajar a sus representados menores de edad

Abstract

Entender la lógica socioeconómica del trabajo infantil y adolescente es intentar explicar las consecuencias sociales de las crisis y recesiones y las limitaciones de las políticas estructurales de generación activa de empleo adulto y protección social. Esta problemática implica descifrar las estrategias de sobrevivencia que llevan adelante las personas y las familias en su día a día, que no sólo responden a lógicas económicas coyunturales, sino además al entorno social y a las condiciones y opciones de desarrollo o estancamiento, participación exclusión que se les ofrece en el espacio familiar, comunitario y público. En este contexto con mucha preocupación observamos como las calles de nuestro país, se ven ocupadas por niños que se cruzan de un lado a otro, jugándose a veces la vida, ofreciendo alguna clase de producto, con la finalidad de llevar unas cuantas monedas que deben entregar a sus padres o tutores que les obligan a trabajar desde tiernas edades que fluctúan entre 3 a 12 años, debiendo estos niños estar gozando de sus derechos que le otorga la Constitución de la República en su Art. 44 y, el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 26 que se relaciona a la vida digna que tienen derecho la niña, el niño y el adolescente. La vida de un niño que trabaja cambia radicalmente, esto les afecta psicológicamente, más si trabaja a temprana edad, porque vive un rol que no le corresponde y deja las actividades fundamentales para su desarrollo de lado, además de violar los derechos que un niño tiene, tienden a madurar más rápido, los cambios se notan más cuando se convierte en adolescente, están propensos a la rebeldía y a las drogas, esto no quiere decir que pase con todos, pero están más predispuestos. El Código de la Niñez y Adolescencia solo establece como medida de protección: la separación temporal del niño o adolescente del medio familiar, amonestación a los progenitores o persona encargada del cuidado, y a quienes los empleen o se beneficie directamente y, una multa de 50 a 300 dólares si los infractores son sus progenitores o responsables; observándose así sanciones muy leves para los padres o responsables que obligan a trabajar a los menores en las calles y que por lo general ni se las aplican. Por ello es necesaria una reforma en este aspecto que permita garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.