Las penas no privativas de libertad en el Art. 60 del COIP y la delimitación de las Infracciones en las que Cabe su Aplicaciòn

Abstract

En el Ecuador existe un grave problema carcelario que demuestra la necesidad de la aplicación adecuada de lo que la ley prevé respecto de la imposición de penas no privativas de libertad con lo que además se haría efectivo el principio de mínima intervención penal del Estado, encaminando dicha intervención para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir los ciudadanos. La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible pues la praxis judicial ha demostrado que el endurecimiento de las penas no contribuye a la rehabilitación del delincuente, si los problemas estructurales que la causaron siguen vigentes. Por lo tanto, a lo que se debe propender dentro del sistema penal es a la efectividad de las instituciones que lo integran y al respeto irrestricto de los derechos humanos tanto del reo y de la víctima, sin ensañamiento e inclemencia en contra del primero pues debe tomarse en cuenta que en el Derecho se ha de buscar siempre equidad, ya que de otro modo no sería derecho. El problema jurídico analizado tiene una grave repercusión social, ya que pretende enfocar la realidad carcelaria y la necesidad de garantizar la eficaz rehabilitación del infractor de la ley penal, siendo urgente dar soluciones adecuadas a este problema, las cuales deben plasmarse en propuestas de reforma legal que contribuyan a alcanzar la tan anhelada solidez y confianza de la ley y a la vez permita castigar los delitos sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas cuya conducta ha sido catalogada como socialmente desviada. Precisamente, este trabajo investigativo fundamenta su importancia en el sentido de que en base a un concienzudo trabajo jurídico vinculado al Derecho Penal, se ha podido determinar cuándo y en qué tipo de infracciones se deben aplicar de manera obligatoria, por parte del Juzgador, penas no privativas de libertad de las previstas en el Art. 60 del Código Orgánico Integral Penal; y a la vez ha permitido plantear la reforma correspondiente, a fin de que su contenido armonice con el principio de mínima intervención penal consagrado en la Constitución de la República.