Adecuación en la ley de seguridad pública el principio de dignidad humana, no discriminación y de democracia para garantizar una política pública de seguridad compartida

Abstract

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual es la relacionada con su propia seguridad. La preservación de su integridad física y la búsqueda de la garantía necesaria para el ejercicio de los derechos humanos, en un ambiente de libertad, de sana y tranquila convivencia en la que puedan alcanzar su autorrealización, desarrollo y bienestar comunitario. La seguridad ciudadana es entendida a través de la siguiente instrumentación jurídica, a saber: el Art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; el Art. 1 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; Art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”; y Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” lo que se traduce en la obligación internacional del estado de proteger y garantizar la seguridad de las personas frente a la delincuencia. El Art. 1 de la Ley de Seguridad Pública indica que esta ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Pero nada se indica desde la protección de los Derechos Humanos desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Gran parte de los estados reconocen, promocionan y garantizan la vigencia de los derechos humanos al menos desde una perspectiva meramente declarativa, más en el caso del Ecuador no ha tenido una práctica internacional predeterminada para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos, lo que subyace en una impremeditada y opaca acción hacia adentro y hacia afuera que obliga urgentemente una reconceptualización de la temática y que en gran medida permite comprender la ausencia de una política direccionada a la plena efectivización de los derechos humanos o a la inversa, esto significa que el reconocimiento, la atención, la promoción y la protección de los derechos humanos es un asunto que se encuentra atravesado por la política y consecuentemente por las correlaciones de fuerza existentes en la sociedad. Reconocidas las falencias, tenemos que incorporar al análisis la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere a los estados, el diseño e implementación de políticas públicas integrales en la relación Estado-seguridad ciudadana adecuadas al marco normativo interno. Dentro del proceso de construcción de una política pública en materia de seguridad ciudadana requiere la entronización de principios como el de la dignidad humana, el de la no discriminación, y el principio de la democracia. El primero, está dirigido al respeto de la dignidad humana en todo su esplendor, lo que implica que no sea visto como un derecho más, sino que a través de él se orienten los demás como ínsitos del ser humano: la vida, la salud, la educación, etc. La discriminación o segregación que históricamente ha caracterizado la vida del hombre ha sido motivado por una multicausalidad de factores de índole político, racial, cultural, económico, sexual, etc., que ha provocado una selección inicua de los seres humanos, el segundo principio, se orienta precisamente a proscribir cualquier forma de discriminación desde la perspectiva de los derechos humanos. El principio de la democracia presupone que el espacio ideal en el que los derechos y libertades se limitan únicamente cuando están fundados en los derechos de los demás y en la satisfacción y bienestar de la sociedad en general; la democracia, se funda en la voluntad del pueblo, el actor principal, quien decide libremente su propio destino, a través de su plena participación, elemento trascendental en el diagnóstico y diseño -que se insiste- de las políticas públicas, es menester entonces una "revisión de los fundamentos e instrumentos de la política pública a la luz de los principios éticos y morales de los derechos humanos.