Imposición de un doble impuesto ambiental a la contaminación vehicular con la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del estado.

Abstract

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, adicionó cargas impositivas, y limitaciones en el gasto deducible de los contribuyentes. La falta de organización en el gasto público, así como la falta de control en la recaudación de los impuestos directos, provoca en el Ejecutivo que sugiera constantemente a la Asamblea Nacional, la incorporación de más tributos al consumo. El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto al régimen tributario prioriza los ingresos directos y progresivos, y con la realidad de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos Ambientales, bajo este escenario analizo lo que se refiere del impuesto ambiental a la contaminación vehicular. En el Art. 13 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, reforma la Ley de Régimen Tributario Interno, en la que se crea en el Título Tercero correspondiente a Impuestos a los Consumos Especiales, un capítulo del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, que en su Art. innumerado señala: Créase el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) que grava la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre. Este es un impuesto cuya característica es de contrarrestar la contaminación ambiental, pero lamentablemente una vez más los vehículos que más tributan serían aquellos que tienen la categoría de híbridos. Siendo un vehículo en el cual la energía eléctrica que lo impulsa proviene de baterías y, alternativamente, de un motor de combustión interna que mueve un generador, es decir se mueve por baterías eléctricas y combustible, que tienen un alto celindraje, pero que consumen menos combustible y son los que más tributan. En ciertas ocasiones y con este tipo de reformas tributarias, sólo se puede concluir que se busca la disminución del impacto ambiental, con una recaudación impositiva para las arcas del Estado. Esta norma no se señala absolutamente nada de aquellas municipalidades que ya tienen instaurado tasas a la contaminación provocada por los vehículos, ni se ha contemplado la posibilidad de imputar estos pagos como un crédito fiscal al momento de determinar este nuevo impuesto, lo cual nos permite señalar que se está simplemente recaudando impuestos y no protegiendo el medio ambiente. Pagar el impuesto ambiental a la contaminación vehicular según la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado, y otra que lo cobren algunos municipios conlleva a una doble tributación, en la potestad tributaria sobre una misma renta, siendo ésta una imposición que va en contra del principio de proporcionalidad y equidad del contribuyente y del principio de capacidad contributiva.