El procedimiento oral en los juicios individuales de trabajo, en relación a la violación de derechos por parte de los empleadores

Abstract

Tradicionalmente el servicio de justicia en el Ecuador, no ha sido tan satisfactorio, debido en unos casos a carencias de toda índole. Carencia en el número de jueces, en la preparación y capacitación de éstos, sus bajas remuneraciones, falta de una infraestructura física adecuada, lo que refleja inestabilidad de este Poder del Estado, poca tecnología moderna, dando como resultado un bajo servicio de justicia, a lo que se suma la gran cantidad de trabajo que se genera en cada uno de los Judicaturas del país, que no alcanzan a satisfacer la demanda de los usuarios que desean acceder a la Administración de Justicia. En materia laboral, el trabajador ecuatoriano a través de la historia ha sido relegado y condenado a enfrentar graves problemas de carácter socio-económico, generados por la falta de una política laboral adecuada por parte del Estado para crear instituciones e instrumentos jurídicos necesarios para que trabajadores y empleadores se sientan protegidos y respaldados en sus derechos de una manera más ágil en la administración de justicia. Los problemas de los trabajadores se han agudizado en los últimos años, debido a inestabilidad laboral, a la flexibilización, a la recesión productiva, a la precarización de la mano de obra, a la tercerización e intermediación de la mano de obra, a los intereses económicos de las grandes empresas nacionales y trasnacionales, a la que debemos sumar la lentitud en la administración de justicia y los abusos por parte de ciertos empleadores. Para mejorar el sistema de Administrar Justicia, el Congreso Nacional introdujo importantes reformas al Código del Trabajo mediante la Ley 2003-13, publicada en el RO 146: 13 de Agosto del 2003, estableciendo el Procedimiento Oral en los juicios laborales que entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2004. Sin duda, la oralidad en cualquier ámbito del derecho representa múltiples ventajas frente al tradicional proceso escrito, lo que presupone un avance en la administración de justicia, principalmente por la agilidad y eficacia en la sustanciación de los juicios, a través de los principios de publicidad, inmediación, celeridad y concentración; sin embargo, en la práctica estas ventajas no son visibles porque para ello se requiere que este nuevo sistema cuente con personal altamente calificado en los campos ético, jurídico y práctico, de lo contrario sucederá lo que hasta hoy, que no será posible cumplir con los fines que se esperaban de este sistema. En materia laboral, los resultados luego de siete años de vigencia de este nuevo sistema, no son nada alentadores, en primer lugar porque hasta la presente fecha el Estado y sus instituciones no han implementado en todo el país el sistema oral en los juicios laborales, a pesar de que por mandato de la Ley debía estar establecido como plazo máximo hasta el 1 de julio del 2005; y, además porque en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, en las que se viene aplicando la oralidad, persisten los mismos problemas del pasado, es decir, los procesos siguen siendo lentos e ineficaces.