Reforma a la ley orgánica de empresas públicas para limitar su constitución y permitir su conformación cuando tengan por objeto la gestión y regulación de los sectores estratégicos

Abstract

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al análisis legal del régimen la ley orgánica de empresas públicas y su connotación en el ejercicio cotidiano de las relaciones jurídicas y económicas en el Ecuador. Con la expedición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, estas nuevas estructuras institucionales empiezan a formar parte de la administración pública institucional en el Ecuador, como parte de la estrategia política que se ha dado en llamar la recuperación de los espacios público en el país. Refieren los especialistas en la materia que la incorporación de las empresas públicas parte de una contextualización teórica e histórica señalando el tránsito del rol natural del Estado, desde el Estado liberal hasta el Estado de Bienestar y justicia social, hito con el cual el Estado amplía su radio de acción, reorientando su gestión hacia la prestación de servicios públicos, encaminados a satisfacer las necesidades de las personas, y caracterizado también por la presencia decisiva del Estado en la economía, no solamente como regulador o fomentador de actividades económicas, sino también como empresario público. Ahora bien, por una parte la Constitución de la República en su art. 227 refiere: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.” En la práctica se ha observado la permanente creación de empresas públicas en el país conforme lo permite la ley de la materia antes referida, y que de acuerdo a su art. 4 su objeto es la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado. Sin embargo, hay que identificar que existe una exagerada tendencia con evidente discrecionalidad a la constitución de empresas públicas para gestionar cualquier ámbito de gestión dentro de la administración pública institucional, provocando un innecesario uso de recursos humanos, técnicos, económicos y legales, siendo que las empresas creadas no cumplen con eficacia ni eficiencia el objeto de su constitución y más bien generan una suerte de burocracia administrativa, ante lo cual es necesario en aras de cumplir efectivamente con la adecuada administración de los recursos públicos, restringir la conformación de estas empresas cuando el objeto de las mismas sea el de regular únicamente la gestión de los sectores estratégicos establecidos en la Constitución.