Necesidad de contemplar el arbitraje en la administración pública.

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 167 manifiesta que “la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos establecidos en la Constitución”; y, en el Art. 190 establece que: “se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicaran con sujeción a la ley, en materias que por su naturaleza se pueda transigir.” Es decir, permite a los particulares y aún al Estado para que puedan someter sus controversias a medios de solución alternativos como la mediación o el arbitraje. Además, el Estado reconoce en la decisión arbitral el valor de cosa juzgada, es decir, que el laudo arbitral consentido o ejecutoriado tiene el valor equivalente a una sentencia y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. Si lo ordenado en dicho laudo no se cumple voluntariamente por la parte vencida, la otra parte podrá solicitar su ejecución forzada ante el juez ordinario competente. Dado el origen privado del arbitraje, las partes pueden designar el árbitro o tribunal arbitral según sea el caso. Es el caso que el arbitraje como medio de solución de conflictos no se aplica en materia administrativa, hasta el momento su aplicación de rige en el ámbito civil, de la niñez y adolescencia, del sistema de contratación pública, en el derecho procesal penal, pero también se hace necesario que en materia de administración pública exista la posibilidad de pactar un arbitraje, porque en la Ley Orgánica del Servicio Público y la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa nada dice sobre el particular, obligatoriamente ligada a la existencia de una autorización expresa de la ley. Son justamente por estas particularidades que el debate sobre las materias arbitrales en el campo del Derecho Administrativo ha ido tomando fuerza en los últimos años. El objetivo principal de esta tesis es determinar todas aquellas materias arbitrales dentro del Derecho Administrativo. El Arbitraje en la administración pública, debe regularse adecuadamente, para la plena validez y su procedimiento de manera adecuada, estableciéndose el procedimiento como los actos administrativos que son sujetos a Arbitraje, los tiempos de Resolución los recursos que se pueden interponer, y en general una descripción detallada del proceso como tal.