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Título : La necesidad de reformar la ley orgánica de servicio público, en relación al derecho al debido proceso en los sumarios administrativos
Autor : Rodríguez, Carlos Manuel
Navas Posligua, Mayra Fernanda
Palabras clave : DERECHO
Fecha de publicación : 2014
Resumen : El presente trabajo tiene como propósito, realizar un profundo análisis jurídico, crítico y doctrinario sobre las normas constitucionales que protegen a los servidores públicos sometidos a sumarios administrativos en las instituciones estatales. Las violaciones al debido proceso en materia administrativa causan daño a los servidores públicos ecuatorianos, quienes tienen varias vías para reclamar en contra de la resolución sumarial, como lo es la vía contencioso administrativa e incluso, con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional de Justicia la acción extraordinaria de protección. En efecto, el debido proceso en materia administrativa está constituido por aquellas condiciones que aseguran una adecuada defensa de los intereses del funcionario público a quien afecta un proceso administrativo, y cuya resolución o acto administrativo afecta su estabilidad laboral, razón por la cual, atendiendo al principio pro omine en el que se sustenta nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la potestad disciplinaria del Estado, respecto de sus servidores, deben estar destinadas a asegurar un proceso racional y justo., que en la actualidad por la aplicación de varias normas inconstitucionales son violadas. La Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP, si bien establece normas que se relacionan con el debido proceso, de acuerdo a lo que se señala en el Art. 44 de la misma y pone énfasis en el derecho a la defensa y en el principio “pro servidor público”, en la práctica, según puede apreciarse del análisis de las normativa, tiene una serie de falencias, como las siguientes: La sanción contemplada en el Art. 87 del Reglamento de la LOSEP es inconstitucional, toda vez que atenta expresamente contra el numeral 2 del Art. 66 de la Constitución de la República, ya que cercena el derecho a la vida digna, puesto que por muy grave que sea el incumplimiento de deberes, esta sanción atenta no solo contra la subsistencia del servidor, sino contra todo su grupo familiar, inclusive contra el intereses superior de la niña, niño o adolescente, hijos del funcionario, intereses que deben prevalecer expresamente “por sobre las demás personas” como se dispone en el Art. 44 ibídem. Además, el señalado Reglamento a la LOSEP, en su Art. 85, dispone nuevamente la suspensión temporal sin goce de remuneraciones, inconstitucional como se señaló en el punto anterior, otra inconstitucionalidad, la de tener en cuenta la reincidencia de una falta leve, la cual está execrada de nuestro ordenamiento constitucional cuando expresamente se dispone, al tratarse la igualdad de la ley en el numeral 2 del Art. 11 de la Constitución de la República que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades – añadiendo la disposición – que nadie podrá ser discriminado por su pasado judicial. Obviamente que la reincidencia debe ser execrada absolutamente en un Estado que se dice “constitucional de derechos y justicia”. Finalmente, este trabajo es corroborado mediante la realización de un estudio de campo con respecto a la problemática a investigar, para lo que se ha recabado el criterio de un conjunto de profesionales de las ciencias jurídicas mediante la técnica de la encuesta y la entrevista, quienes han manifestado sus criterios y opiniones con respecto a la temática propuesta, sugiriendo incorporar reformas legales al procedimiento del sumario administrativo para garantizar un proceso justo e imparcial.
Descripción : This work is intended, to carry out a deep legal, doctrinal and critical analysis on the constitutional rules that protect public servants subject to summary administrative proceedings in State institutions. Violations of due process in administrative matters cause damage to Ecuadorian civil servants, who have several ways to claim against the pre-trial resolution, as the litigation route is administrative and even with repeated jurisprudence of the Constitutional Court of justice the extraordinary action of protection. Indeed, due process in the administrative area consists of those conditions which ensure a proper defence of the interests of the public official who affects an administrative process, and whose decision or administrative act affects labor stability, for which reason, according to the principle pro omine in our constitutional state of rights and justice is supported, the disciplinary authority of the State, with respect to their servers, must be designed to ensure a rational process and fair, that today by several unconstitutional rules are violated. The Act public service - LOSEP, although it lays down rules relating to due process, according to what is stated in article 44 of the same and put emphasis on the right to defence and the principle "pro Server public" in practice, as it can be seen from the analysis of the legislation, has a number of shortcomings, such as the following: The sanction referred to in article 87 of the regulation of the LOSEP is unconstitutional, specifically infringes on the paragraph 2 of article 66 of the Constitution of the Republic, since it curtails the right to life worthy, since by the very serious that it is not only breach of duties, this attentive sanction against the server keep, but against all his family group, including the top of the girl, child or adolescent interests, children of the official, interests that must prevail expressly "above others" as provided in article 44 ibid.. In addition, the designated rules to the LOSEP, in its article 85, again has the temporary suspension without remuneration, unconstitutional as noted above, another unconstitutional, the take into account the recurrence of a slight lack, which is execrada of our constitutional order when expressly is available, it is equality of law in paragraph 2 of the article 11 of the Constitution of the Republic that "all persons are equal and" They shall enjoy the same rights, duties and opportunities - by adding the provision - which no one may be discriminated against because of your judicial past. Obviously that recidivism should absolutely be excreted in a State which is said "constitutional rights and justice". Finally, this work is corroborated by a study of field with respect to the issues to investigate, for which it has obtained the criterion of a group of professionals of the legal sciences through the survey and interview technique, who have expressed their views and opinions regarding the proposed theme, suggesting to incorporate the summary administrative procedure legal reforms to ensure a fair and impartial process
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/15493
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