La necesidad de reformar la ley orgánica de servicio público, en relación al derecho al debido proceso en los sumarios administrativos

Abstract

El presente trabajo tiene como propósito, realizar un profundo análisis jurídico, crítico y doctrinario sobre las normas constitucionales que protegen a los servidores públicos sometidos a sumarios administrativos en las instituciones estatales. Las violaciones al debido proceso en materia administrativa causan daño a los servidores públicos ecuatorianos, quienes tienen varias vías para reclamar en contra de la resolución sumarial, como lo es la vía contencioso administrativa e incluso, con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional de Justicia la acción extraordinaria de protección. En efecto, el debido proceso en materia administrativa está constituido por aquellas condiciones que aseguran una adecuada defensa de los intereses del funcionario público a quien afecta un proceso administrativo, y cuya resolución o acto administrativo afecta su estabilidad laboral, razón por la cual, atendiendo al principio pro omine en el que se sustenta nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la potestad disciplinaria del Estado, respecto de sus servidores, deben estar destinadas a asegurar un proceso racional y justo., que en la actualidad por la aplicación de varias normas inconstitucionales son violadas. La Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP, si bien establece normas que se relacionan con el debido proceso, de acuerdo a lo que se señala en el Art. 44 de la misma y pone énfasis en el derecho a la defensa y en el principio “pro servidor público”, en la práctica, según puede apreciarse del análisis de las normativa, tiene una serie de falencias, como las siguientes: La sanción contemplada en el Art. 87 del Reglamento de la LOSEP es inconstitucional, toda vez que atenta expresamente contra el numeral 2 del Art. 66 de la Constitución de la República, ya que cercena el derecho a la vida digna, puesto que por muy grave que sea el incumplimiento de deberes, esta sanción atenta no solo contra la subsistencia del servidor, sino contra todo su grupo familiar, inclusive contra el intereses superior de la niña, niño o adolescente, hijos del funcionario, intereses que deben prevalecer expresamente “por sobre las demás personas” como se dispone en el Art. 44 ibídem. Además, el señalado Reglamento a la LOSEP, en su Art. 85, dispone nuevamente la suspensión temporal sin goce de remuneraciones, inconstitucional como se señaló en el punto anterior, otra inconstitucionalidad, la de tener en cuenta la reincidencia de una falta leve, la cual está execrada de nuestro ordenamiento constitucional cuando expresamente se dispone, al tratarse la igualdad de la ley en el numeral 2 del Art. 11 de la Constitución de la República que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades – añadiendo la disposición – que nadie podrá ser discriminado por su pasado judicial. Obviamente que la reincidencia debe ser execrada absolutamente en un Estado que se dice “constitucional de derechos y justicia”. Finalmente, este trabajo es corroborado mediante la realización de un estudio de campo con respecto a la problemática a investigar, para lo que se ha recabado el criterio de un conjunto de profesionales de las ciencias jurídicas mediante la técnica de la encuesta y la entrevista, quienes han manifestado sus criterios y opiniones con respecto a la temática propuesta, sugiriendo incorporar reformas legales al procedimiento del sumario administrativo para garantizar un proceso justo e imparcial.