Necesarias reformas para regular la interposición de la acción extraordinaria de protección

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, contempla dentro de las garantías jurisdiccionales la acción extraordinaria de protección, la cual deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó el será presentada ante la judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva y esto debe hacérselo dentro de los veinte días desde que se tuvo conocimiento de la providencia. En la práctica, la decisión definitiva la dictan las Salas de las Cortes Provinciales de Justicia, en tal virtud, debe transcurrir veinte días para que se pueda interponer la acción extraordinaria de protección, pero lo que sucede es que los Secretarios de dichas Salas, luego de la decisión definitiva proceden a remitir el proceso al Juzgado de origen y esta situación imposibilita tener una atención urgente a la acción como es característica de las acciones constitucionales, y se debe esperar para que se remita nuevamente el proceso desde el Juzgado inferior para que atienda la demanda de acción extraordinaria de protección, lo cual retarda indebidamente la administración de justicia constitucional. Otro aspecto a considerar es el término de veinte días, que si bien puede ser amplio, la norma prevista en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, estipula que se lo debe hacer dentro del término de veinte días desde que tuvo conocimiento de la providencia, esta disposición ha generado muchas controversias puesto que se puede interponer la acción en cualquier tiempo aduciendo que no tuvo conocimiento de la providencia, de tal modo que el término que corresponda debe estar claramente previsto desde cuando se inicia a contar el término sin dejar estas subjetividades que afectan a la justicia constitucional. En tal virtud, considero que se debería normar que se interponga en la dependencia en donde esté el proceso, y que ésta autoridad lo remita en forma inmediata a la Corte Constitucional sin atender si fue o no, el órgano que expidió la resolución definitiva y debe indicarse en forma expresa desde cuando inicia el término para interponer la acción extraordinaria el cual, también debería ampliarse con la finalidad de garantizar los derechos de las personas, porque muchas veces el término de veinte días resulta insuficiente. Por lo expuesto, es necesario reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que se regule en forma las disposiciones para la interposición de la acción extraordinaria de protección.