Problemática jurídica del alcance de la justicia indígena y los derechos humanos en el Ecuador

Abstract

El Estado reconoce la existencia de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y afro ecuatorianas quienes poseen sus propias costumbres, lenguaje, y tradiciones ancestrales y las reconoce como naciones, esto con la finalidad de procurar el efectivo goce de sus derechos como ciudadanos parte del Estado y también garantizar el desarrollo de su cultura. La actual Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a todos los ecuatorianos, el derecho a la vida, prohíbe todo trato cruel, inhumano degradante, tortura o actos contrarios a los derechos humanos. De igual forma reconoce la igualdad formal, material y la no discriminación. El cuerpo legal invocado señala que se hará efectivas las garantías del debido proceso. En la legislación penal ecuatoriana, se establece que nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. De igual manera se establece el derecho a la inocencia que consiste en que todo procesado es inocente hasta que en sentencia ejecutoriada se declare culpable. Sin embargo en el Art. 171 de la Constitución del Ecuador, señala: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, ejercerán funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicaran normas y procedimientos propios, para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de Constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Esta Constitución garantiza a los indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial. Así, los tipos de delitos que se juzgan son variados, van desde problemas familiares hasta líos territoriales, pasando por problemas de adulterio, vagancia, robo, abigeato, el chisme, la mentira, violaciones, estafas y abuso sexual y otras figuras delictivas que no están tipificadas como delitos en la legislación penal ecuatoriana. Señala que el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones serán sujetas al control de constitucionalidad. Así la justicia indígena en cada uno de los pueblos, fracciona la unidad jurisdiccional, produciendo condiciones discriminatorias, para las personas y cada uno de los pueblos, provocando instituciones diferentes, normas y procesos contradictorios. La justicia indígena afecta y debilita el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías, generando condiciones de desigualdad jurídica y desprotección, para aquellos que no son indígenas, ocasionando condiciones de violencia, marginación, racismo, conflictos y exclusión social. La población considera que en nuestro país, no hay justicia para los pobres, nuestros hermanos indígenas han tenido que hacer uso de esta mal llamada justicia por sus propias manos, mediante la amenaza de muerte, cobros de dinero, torturas, maltrato psicológico y otros problemas que violentan a la Constitución, los Derechos Humanos y la ley. De tal manera que debe haber en cada comunidad, jueces de paz, como son los sacerdotes, pastores evangélicos y los dirigentes de las comunidades y las autoridades de justicia ordinaria, corregirán y ayudarán de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas, para la formación del hombre, para la supervivencia económica, de su familia y de las comunidades del país. Existen muchos casos de conflictos que reposan, durante varios años en los Juzgados y Tribunales de Justicia. Por esta razón aparece la Justicia Indígena, con el fin de solucionar los problemas y conflictos que no han sido oportunamente resueltos con el propósito de complementar y fortalecer la jurisdicción ordinaria. Sin embargo al sancionar la justicia indígena este tipo de delitos, como suceden en las violaciones o asesinatos, las comunidades se extralimitan, violando los derechos fundamentales. Además es lamentable que los administradores de justicia como los abogados, se escuden en la justicia indígena para dejar libres a quienes son delincuentes y que por la naturaleza de delito deben ser juzgados por la justicia ordinaria. La Constitución de Montecristi contempla el uso de la justicia indígena en asuntos internos por los pueblos ancestrales, pero no hay lineamientos claros sobre qué delitos pueden ser juzgados bajo este proceso y cuáles deben remitirse a la justicia ordina, por lo que es necesario regularlo.