La fase administrativa de adopción en el código de la niñez y adolescencia vulnera el principio constitucional y legal de celeridad procesal

Abstract

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece como uno de sus Principios “El interés superior del niño” y que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El mismo cuerpo legal regula la institución jurídica de la Adopción pero dentro de su normativa concretamente en la Fase Administrativa de la Adopción no establece ningún tipo de plazo o termino para el cumplimiento de esta fase, lo que deviene en un trámite demasiado largo y engorroso, que en ciertos casos, provoca que los posibles adoptantes desistan de hacerlo, consecuentemente se perjudica a los menores que podrían ser adoptados, negándoseles la oportunidad de un hogar estable y su desarrollo integral, contraviniéndose el principio de interés superior del niño. El presente trabajo investigativo titulado: “LA FASE ADMINISTRATIVA DE ADOPCIÓN EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VULNERA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE CELERIDAD PROCESAL” Analiza la falta de estipulación en el Código de la Niñez y la Adolescencia de Un plazo perentorio para el cumplimiento de la fase administrativa de Adopción; comenzando por analizar conceptualmente a la familia, sus Antecedentes históricos, sus formas de constitución entre las que Encontramos a la adopción institución jurídica que se aborda desde sus Antecedentes históricos, sus características, efectos, principios y sobre todo La normativa jurídica que regula la adopción especialmente su fase Administrativa en atención al principio constitucional de interés superior del Niño; es así que a través de los referentes teóricos, con la correspondiente investigación de campo se ha determinado que: Existe un vacío legal en el Código de la Niñez y la Adolescencia respecto de la falta de un plazo para el cumplimiento de la fase administrativa de adopción que contraviene al principio del interés superior del niño, y al que deberían estar sujetas las Unidades técnicas de Adopción y los Comités de Asignación Familiar que son los encargados de llevar a cabo la fase administrativa de adopción, ya que dicho principio está orientado a satisfacer el ejercicio de los derechos de los niños, niña y adolescentes por lo que las autoridades administrativas y judiciales deben de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.