Inconstitucionalidad de la disposición legal contemplada en la ley orgánica del servicio público que prohíbe el ascenso de un servidor público que haya cumplido 65 años de edad para que pueda ascender a un cargo de mayor jerarquía en la administración pública del Ecuador

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce que las personas adultas mayores gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades que todos los demás ecuatorianos. También instituye y garantiza la No discriminación, a fin de posibilitar que todos tengamos las mismas oportunidades y derechos e incluso dispone que se sancionara toda forma de discriminación. Sin embargo, al revisar el Art. 81, inciso 4) de la Ley Orgánica del Servicio Público, que entro en vigencia el 06 de octubre del 2010, se puede evidenciar que dicha norma comete el fatal error de discriminar a las personas de la tercera edad al impedirles su promoción y ascenso a un cargo de mayor jerarquía. Esta barbaridad jurídica inconstitucional, coloca en situación de desigualdad jurídica a dichas personas y permite y alienta las prácticas discriminatorias con los “viejitos”, por cuanto discrimina a las personas que han cumplido sesenta y cinco años (65) de edad, impidiéndoles de esta manera su derecho constitucional y legal al ascenso y tratando de desconocer su idoneidad, su experiencia y capacidad. La problemática descrita en líneas anteriores, se estudia y analiza en el presente trabajo investigativo, sobre la base de una amplia recopilación doctrinaria, legal constitucional, como de los resultados obtenidos en una investigación de campo, así como de las conclusiones y recomendaciones, que contribuyen finalmente al planteamiento de una propuesta jurídica de derogatoria del inciso 4) del Art. 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en procura de proteger a los adultos mayores, frente a esta disposición que a mi criterio rompe con el espíritu constitucional y lesiva a la condición humana, en cuanto expresa una tácita actitud discriminatoria en razón de la edad. Si la idea es ir creando inclusión, los esfuerzos deben estar orientados en esa línea, y no admitiendo engañosamente consideraciones excluyentes. Así en el caso que nos ocupa, estimo que no es razón suficiente la edad de una persona, para determinar su idoneidad o incapacidad, sino que son otros los parámetros que pueden permitirnos visualizar este tipo de conclusiones; parámetros que en la mayoría de los casos son medibles y por tanto evaluables. Así, una persona puede ser considerada no idónea independientemente de su edad u otra circunstancia.