Los derechos de participación individuales y colectivos en la presentación de proyectos de reforma que creen, modifiquen o supriman impuestos, y la facultad constitucional del Presidente de la República para efectuar dichos proyectos

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador garantiza los derechos de las personas a promover una propuesta de reforma legal sobre asuntos de su interés, conforme lo garantiza el artículo 61, numeral 3 de la Constitución de la República, dentro de los derechos de participación, en cuanto presentar proyectos de iniciativa popular normativa, mismo que se encuentra vulnerado en el artículo 135 de la norma constitucional, pues sólo se permite que el órgano ejecutivo pueda presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país; este híper-presidencialismo, amparado en la norma constitucional viola los derechos de participación de las personas a presentar justamente proyectos de ley susceptibles de crear, modificar o suprimir impuestos: he ahí el conflicto jurídico que existe, y la necesidad de reformar parcialmente la Constitución respecto al artículo 442 del mismo cuerpo normativo que expresa: La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías jurisdiccionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la Asamblea Nacional. También prevé la modificar la Constitución de una u otra forma; así tenemos la enmienda: Art. 441.-La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. Lo que caracteriza a la enmienda es que no se puede alterar la estructura fundamental de la Constitución, o que modifique la reforma de la misma. Finalmente encontramos el cambio a la Constitución, lo que encuentra prescrito en el artículo 444 de la norma constitucional que expresa: “La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. Es importante destacar que de conformidad con la Constitución de la República, en su artículo 11, numeral 9 que garantiza que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”, por ello se atenta contra la participación política y en sentido más amplio la participación ciudadana, que es la praxis de los sujetos históricos que, individual o colectivamente, intervienen en los procesos de organización de la vida social, política, económica, cultural de su propio contexto, de manera explícita o más o menos reservada. Dentro del ordenamiento social y político que caracteriza al sistema democrático la participación ciudadana se constituye como una variable fundamental para legitimar la legalidad del gobierno, el funcionamiento de sus instituciones y para aceptar la representación de sus funcionarios. En un sistema político que tiene a la democracia electoral ya consolidada se puede, entonces, avanzar sobre la constitución de una cultura de la participación política y ciudadana que no tenga que ver solamente con el derecho al voto, sino que tenga que ver con el derecho a peticionar, a expresar públicamente las críticas a las instituciones que, aun siendo responsables de prestar los medios materiales y simbólicos necesarios para satisfacer el gran abanico de necesidades relacionadas con los derechos fundamentales, no implementan políticas concretas en vistas de palear las graves y cada vez más crecientes situaciones de pobreza, desempleo y de exclusión social. La participación política también juega un papel primordial en vistas de la legitimación de la autoridad de los gobiernos cuya base fundamental está dada por la voluntad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Esta voluntad es asimismo uno de los ejes fundamentales sobre los que gira la buena o mala relación entre el Estado y la sociedad. En este sentido, el protagonismo de la sociedad, a partir de su participación, puede y debe negarse a aceptar o someterse a la imposición de un derecho injusto, a una distribución asimétrica de la justicia, entre otras problemáticas que afectan seriamente la igualdad de oportunidades en relación con el derecho a la consecución de una vida digna y plena.