Reforma legal del artículo 82 del código de la niñez y adolescencia, en cuanto a la edad mínima para el trabajo

Abstract

La importancia del trabajo de menores entre 15 y 18 años de edad se centra en analizar si la legislación que trata sobre el presente tema ha causado efectos positivos o negativos; si el incumplimiento de la parte empleadora se debe a desconocimiento o simplemente por no cumplir con obligaciones patronales, si se respeta el derecho constitucional a la educación, el hecho de ser un trabajador menor de edad esto no impide a que este trabajador pueda percibir las indemnizaciones laborales a las cuales tiene derecho toda clase de trabajador. En el caso de la parte empleadora al momento de contratar con este grupo debe tener muy en cuenta: respetar su derecho a la educación, realizar el examen de pre empleo, y sobre todo velar por su integridad física y mental ya que la misma ley señala los trabajos prohibidos a los cuales no pueden acceder los menores. La norma del código de la niñez y adolescencia señala que se podrá admitir el trabajo de menores de edad siempre y cuando dicha actividad tenga que ver con prácticas ancestrales, sin embargo la constitución como norma suprema señala que el trabajo será permitido a menores entre 15 y 18 años. Es la naturaleza del trabajo que realizan los niño/as y adolescentes lo que determina si su participación laboral tiene efectos adversos para su salud, educación o desarrollo, y no el simple hecho de trabajar. En países de elevada pobreza como el Ecuador, el trabajo de niños/as y adolescentes se explica en gran medida por las necesidades económicas de los hogares. Sin embargo la participación laboral de niños/as o adolescentes no está asociada únicamente a la pobreza, también se relaciona con normas culturales que la promueven. El Ecuador es signatario- radica en el trabajo que pone en riesgo el desarrollo físico, emocional y moral de los niños/as y adolescentes así como aquel que afecta la educación de los niños/as y adolescentes y su adquisición de las destrezas necesarias para su vida como adultos, independientemente de los valores o creencias de los padres. La interferencia con la educación limita las oportunidades futuras de empleo y movilidad social. Desde un análisis constitucional, los niños, niñas y adolescentes al encontrarse incorporados dentro de los grupos vulnerables, gozan de protección legal y procesal, no obstante, esta disposición es únicamente un aforismo; pues forma parte de la cotidianidad ver a jóvenes que salen de sus hogares, cada vez a más temprana edad, a trabajar para sustentarse a sí mismo o incluso a su familia, sin poder acceder a su derecho a la educación, a la protección contra el abuso y explotación sexual o económica, poniendo en peligro hasta su propia integridad física. Las inertes acciones realizadas por el Estado no han dado resultados positivos porque el mercado laboral busca mano de obra barata entre la que figura la población infantil, a quien no se le reconoce su derecho a una protección integral, a un trato preferente o el acceso a todas las prestaciones laborales