Consecuencias jurídicas de la prohibición de salida del país en la primera providencia en el juicio de alimentos, señalada en el art. Innumerado 25 de la ley reformatoria al título v libro ii del Código de la niñez y adolescencia

Abstract

El Art. Innumerado 25 la Ley Reformatoria al Título V Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, establece “A petición de parte, en la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Migración” Esta es una medida de precaución, en la que el demandado pueda evadir responsabilidades, pero es el caso, que el demandado en la primera providencia va a conocer de las pretensiones de la actora, que siempre es la madre en representación del hijo en el juicio de alimentos, que aún no es deudor de la obligación de prestar alimentos, que en la primera providencia se establece una pensión provisional. Más aún muchas o algunas de las personas viajan al extranjero, no con el fin de evadir una responsabilidad, sino que por su situación de trabajo se ven obligados a viajar al extranjero, y las personas se percatan que no pueden salir por encontrarse con una prohibición de salida del país, perjudicando enormemente al demandado. Se torna ilegal la medida señalada en el Art. Innumerado 25 la Ley Reformatoria al Título V Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, que el juez en primera providencia pueda decretar a petición de parte la prohibición de ausentarse del territorio nacional, menos aun cuando existen personas que por su situación de trabajo deben ausentarse pero no lo pueden hacer ya que se ha decretado una medida de carácter personal, esto porque aún se comunica de la prestación de alimentos, no existe incumplimiento de las pensiones alimenticias atrasadas, y no se justifica que el obligado quiera evadir responsabilidades, con lo cual viola las garantías del debido proceso señaladas en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, como son la presunción de inocencia, el derecho de defensa del demandado, contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, y el derecho de libertad a transitar libremente por el territorio nacional señalado en el Art. 66 numeral 14 de la Constitución de la República del Ecuador.