REFORMAS A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, INSTITUYENDO QUE LOS RECLAMOS ADMINISTRATIVOS POR APLICACIÓN DE LA LEY SE TRAMITEN ANTE UN JUEZ CONSTITUCIONAL

Abstract

La presente tesis de grado, fundamenta, justifica y desarrolla una vasta construcción teórica, e investigación de campo, que permiten plantear e implementar una alternativa de solución al problema investigativo titulado: “REFORMAS A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, INSTITUYENDO QUE LOS RECLAMOS ADMINISTRATIVOS POR APLICACIÓN DE LA LEY SE TRAMITEN ANTE UN JUEZ CONSTITUCIONAL” con el propósito de contribuir objetivamente a mejorar la normativa jurídica ecuatoriana, para restablecer los procesos de Contratación Pública y su efectiva fiscalización. El Sistema Nacional de Contratación Pública en el Ecuador desde la promulgación de su Ley ha experimentado cambios sustanciales en los procesos de contratación estatal, ya sean de suministro, concesión, obra pública, de servicios y consultoría, diversificando los procesos contractuales y que actualmente se realizan por medio electrónico, esto en el Portal de Compras Públicas. El criterio objetivo se debe centrar en aspectos de cumplimiento, experiencia, materiales equipos y precios, nunca en factores subjetivos tales como preferencia por simpatía, amistad u otros de similar índole. 3 Si los oferentes dienten inconformidad ante el acto administrativo de selección o adjudicación, el artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha establecido la facultad de proponer un reclamo administrativo ante la misma autoridad. Con lo indicado se vulnera el Principio Constitucional del Debido Proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución en el que establece garantías jurídicas como el derecho a la defensa, que a su vez se encuentra conformado por el principio del juez independiente, imparcial y competente, ya que la administración viene a ser juez y parte. La Constitución al referirse a las Garantías Constituciones regula una serie de acciones que tienen un trámite constitucional como la Acción de Protección, el Habeas Data, el Habeas Corpus, Acción de Acceso a la Información, Acción por Incumplimiento y Acción Extraordinaria de Protección con el propósito de reparar los daños causados a los ciudadanos en esta relación entre la administración y los administrados y para sustanciar y tramitar todas estas acciones todos los jueces de la Función Judicial frente a una de estas acciones se transforman en Jueces Constitucionales y por ello con una jerarquía muy especial para solucionar en forma inmediata las acciones de esta naturaleza.