EL JUICIO DE EXPROPIACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ A SUJETARSE AL AVALÚO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS DE LA MUNICIPALIDAD, SEÑALADO EN EL ART. 58 INCISO SÉPTIMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Abstract

La presente investigación consta una análisis jurídico, crítico y doctrinario del juicio de expropiación que se lleva a cabo ante el juez de lo civil por el hecho que no existe un acuerdo con la persona del bien expropiado, en relación a lo determinado en la Ley Orgánico del Sistema Nacional de Contratación Pública, que debe sujetarse al trámite establecido en el Código de Procedimiento Civil, pero obligando al juez acogerse para la indemnización al avalúo que determine la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. Para su desarrollo se analiza el cumplimiento de la norma constitucional que determina que en caso de expropiación, las instituciones del Estado procederán a declararlo, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la Ley, para este hecho se analiza la decisión judicial de sujetarse al avalúo a lo prescrito en la Dirección de Avalúos y Catastros, además consta la resolución del juicio de expropiación, la decisión del juez en la toma de decisiones, la indemnización y los derechos y garantías de las personas objeto del bien expropiado. Dentro de las normas se analiza lo señalado en la Constitución de la República del Ecuador, con lo determinado a la sujeción del juicio de expropiación en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y su procedimiento que consta en el Código de Procedimiento Civil, en la decisión 3 del juez, que las indemnizaciones debe sujetarse al avalúo preestablecido por las autoridades de datos públicos puede ser injusta, cuando su decisión está condicionada, y no al procedimiento determinado en la ley, a través de informe con la intervención de peritos, dejando de lado el derecho que las indemnizaciones deben ser previas, justa valoración, pago e indemnización. En la investigación de campo y sus resultados para la propuesta de reforma se analiza que la disposición legal, que el juez no debe sujetarse al avalúo que determina la Dirección de Avalúos y Catastros, porque afecta derechos y garantías constitucionales, porque el procedimiento señalado en el Código Procesal Civil, deja de lado la acción del juez de conocer el informe de peritos, este hecho causa inseguridad jurídica en que el procedimiento está condicionado y no en función a las pruebas o informe que dicten los peritos.