LA IMPUNIDAD DE LA MALA PRÁCTICA MÉDICA. UN DIAGNÓSTICO EN LA CIUDAD DE LOJA

Abstract

La presente investigación, se orienta a analizar un tema de actualidad y latente en nuestra sociedad, que permanentemente se suscita en centros de salud públicos o privados, en el ejercicio de la profesión médica. Podríamos decir que no se trata de la manifestación de una conducta dolosa de parte del médico, sino de un comportamiento violatorio del juramento hipocrático al tomar la investidura como profesional de la medicina humana; una conducta culposa, como consecuencia de negligencia, impericia o inobservancia de la Ley y Reglamentos, a los cuales estaba obligado observarlos, lo que indudablemente produce consecuencias irreparables en la vida de los pacientes. Consecuentemente por el principio Constitucional de igualdad ante la Ley, consagrado en el Art. 11numeral 2 de la Constitución de la República, es lógico entender que al poner de manifiesto una conducta de esta naturaleza en el ejercicio de la delicada profesión médica y producir daño en sus pacientes, aquel está obligado a responder por sus actos, sea civil o penalmente, tomándose en consideración que quienes al momento de crítico estado de salud, resultan seres indefensos, confiados y puestas sus esperanzas en la capacidad y responsabilidad de un profesional de la Medicina Humana. A más de analizar conceptos y doctrina de diferentes tratadistas referente a este tema, en este trabajo se demostrará la importancia que reviste abordar esta temática, analizando casos prácticos de la realidad de la vida y evidenciar la inseguridad jurídica que padece la sociedad en estos casos, debido a la inexistencia de norma expresa que sancione estas conductas humanas, a efecto de dar a la administración de Justicia, a los Centros de Salud públicos o privados, al estudiante o profesional, amante de la investigación jurídica, una base de conceptos doctrinarios y enfocar la necesidad de profundizar el análisis e investigación en este campo, para conseguir la creación de una normatividad jurídica que regule estas conductas, que impida la impunidad de la mala práctica La presente investigación, se orienta a analizar un tema de actualidad y latente en nuestra sociedad, que permanentemente se suscita en centros de salud públicos o privados, en el ejercicio de la profesión médica. Podríamos decir que no se trata de la manifestación de una conducta dolosa de parte del médico, sino de un comportamiento violatorio del juramento hipocrático al tomar la investidura como profesional de la medicina humana; una conducta culposa, como consecuencia de negligencia, impericia o inobservancia de la Ley y Reglamentos, a los cuales estaba obligado observarlos, lo que indudablemente produce consecuencias irreparables en la vida de los pacientes. Consecuentemente por el principio Constitucional de igualdad ante la Ley, consagrado en el Art. 11numeral 2 de la Constitución de la República, es lógico entender que al poner de manifiesto una conducta de esta naturaleza en el ejercicio de la delicada profesión médica y producir daño en sus pacientes, aquel está obligado a responder por sus actos, sea civil o penalmente, tomándose en consideración que quienes al momento de crítico estado de salud, resultan seres indefensos, confiados y puestas sus esperanzas en la capacidad y responsabilidad de un profesional de la Medicina Humana. A más de analizar conceptos y doctrina de diferentes tratadistas referente a este tema, en este trabajo se demostrará la importancia que reviste abordar esta temática, analizando casos prácticos de la realidad de la vida y evidenciar la inseguridad jurídica que padece la sociedad en estos casos, debido a la inexistencia de norma expresa que sancione estas conductas humanas, a efecto de dar a la administración de Justicia, a los Centros de Salud públicos o privados, al estudiante o profesional, amante de la investigación jurídica, una base de conceptos doctrinarios y enfocar la necesidad de profundizar el análisis e investigación en este campo, para conseguir la creación de una normatividad jurídica que regule estas conductas, que impida la impunidad de la mala práctica médica en el Ecuador y tenga así vigencia el principio de seguridad jurídica de las personas, consagrados en la Ley Suprema, en Tratados y Convenios Internacionales, que rigen el convivir de la sociedad ecuatoriana. Esta investigación tiene como sustento la evidente realidad que se suscita entre paciente-médico-centro de salud, frente a los derechos de las personas consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, en los Convenios y Tratados Internacionales. Así el Art. 32 de la Carta Magna garantiza como un principio Constitucional, el derecho a la salud, ampliándose esta garantía con mayor precisión en la Sección Segunda, Capítulo Primero del Título VII Ibídem, en tanto que el numeral 2 del Art. 11 de la misma Carta Fundamental, garantiza la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de las personas. Esto es que todo ser humano, de la condición social, política o económica que fuere, debe recibir el mismo trato, consideración y seguridad jurídica en el lecho del dolor. De manera que, al inobservarse estos principios constitucionales, el infractor debe recibir una pena, que para ello debe estar previamente establecida en la ley, por que de lo contrario por el principio nullum crimen, nullapoena sine praevialege, (ningún delito, ni pena sin previa ley) dichas conductas han quedado y continuarán quedando en la impunidad. Así una persona que ingresa a un Centro de Salud, automáticamente le quedan anulados los principios de seguridad jurídica, tanto de parte del galeno, como de la Casa de Salud, por consiguiente, supeditado al factor de las circunstancias y a la voluntad del Todopoderoso. Son infinitos y permanentes los casos difundidos como de “mala práctica médica” que han conmocionado a la sociedad ecuatoriana y lojana y por consiguiente, las denuncias y artículos de prensa para estos casos, generalmente cuando las víctimas han sido personas de economía media hacia arriba, e infinitos los casos de mala práctica médica en personas de escasos recursos económicos, que en búsqueda de restablecer su salud y en otros por lucir mejor ante la sociedad, se someten a intervenciones quirúrgicas, resultando víctimas del mal ejercicio médico, ocasionándoles en veces la muerte, en otras quedando en estado vegetativo, padeciendo enfermedades incurables, o pérdidas de órganos vitales, sin que las víctimas puedan demandar y conseguir pena para sus responsables, peor indemnización de carácter civil, debido a la no tipificación de estas conductas del comportamiento profesional médico y la prohibición expresa prevista en el Art. 4 del Código Penal que dice “Prohíbase en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En los casos de duda se la interpretará en el sentido mas favorable al reo”. Queda así entonces abierto el camino al debate y a la investigación científica y jurídica sobre este tema que es una realidad en nuestro país.