Incorporación de exenciones en el régimen de alimentos del Código De La Niñez Y La Adolescencia, para evitar incongruencias con la ley del anciano

Abstract

En los últimos años, el incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias, por parte de los padres biológicos, ha aumentado de manera significativa. En este contexto, son cada vez más frecuentes los reclamos a los abuelos de los menores, para que, subsidiariamente, asuman esta responsabilidad. Por esta razón, las demandas de pensiones alimenticias contra abuelos, se han incrementado y han cobrado fuerza tras las reformas aprobadas por el “Congresillo”, en junio de 2009.

Ocurre, que por ley, los abuelos son parientes obligados a resolver el tema de alimentos, por cuanto, en muchas ocasiones, el deudor principal no tiene trabajo, ni dinero ahorrado, ha desaparecido del entorno familiar o, simplemente, por irresponsabilidad del progenitor, se hace extensiva, esta obligación, a los abuelos/as. Vale aclarar, que el principio de subsidiariedad, que se desprende de la normativa del Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto de la obligación alimentaria de los abuelos/as, es vinculante con el principio de solidaridad familiar que da fundamento a dicha obligación, según la doctrina del Derecho de Familia.

Ahora bien, este trabajo de investigación, que tiene como columna vertebral la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, que han superado la edad de sesenta y cinco años y que, por una disposición de la ley, son llamados a cumplir con una obligación subsidiaria de pagar pensiones alimenticias, cuando sus hijos, es decir, los obligados principales, no asumen la responsabilidad, no se opone, de ninguna manera a la subsidiariedad en el suministro de alimentos para los niños, niñas y adolescentes, inclusive por sus propios abuelos paternos, no obstante, el objetivo mismo de mi trabajo, pretende exonerar a este grupo de terceristas, puesto que desde el punto de vista humanitario, merecen un trato especial. Por lo tanto, las personas adultas mayores, que han cumplido los 65 años de edad, deben estar exentas de ser demandadas en calidad de alimentantes subsidiarios, por lo que, no se podrá dirigir una acción directa contra estos obligados. El trabajo investigativo que presento, reconoce, que la acción directa contra los abuelos tiene su causa en la falta de un título preferente, situación que debe ser comprobada mediante sentencia ejecutoriada, pero también, en caso de insuficiencia de un título preferente. . En el estudio realizado, estoy demostrando que el legislador, con las últimas reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto se refiere a la prestación de alimentos, está confrontando los derechos fundamentales de dos colectivos, igualmente vulnerables: el derecho del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, a reclamar alimentos; con el derecho del interés superior de las personas adultas mayores, por tratarse de derechos, llamados por la doctrina, “especialmente débiles” que de por sí, entrañan un mandato al legislador para que sea él, por medio de su intervención, el encargado de protegerlos, para beneficio del colectivo de envejecientes, por considerarlo, sin duda alguna, un sector débil y de doble vulnerabilidad. Finalmente, mi trabajo presenta una alternativa de solución, a través de una reforma jurídica en el Código de la Niñez y la Adolescencias, respeto de la subsidiariedad en el régimen de alimentos, en el sentido de que, los abuelos/as, asuman esta responsabilidad hasta los sesenta y cinco años de edad, superada esta edad, quedarían exonerados de dicha responsabilidad. También en la Ley del Anciano, para establecer, en calidad de exenciones, normas eximentes de esta responsabilidad