Reforma de la Ley de Minería referente a las concesiones mineras por parte de los GADS Municipales en el Ecuador

Abstract

Los gobiernos municipales de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República, tienen como competencias exclusivas para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos denominados materiales de construcción, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; la Constitución determina que la aplicación jerárquica de la normativa, considerará el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece como competencias exclusivas del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal entre otras “regular, autorizar y controlas la explotación de materiales áridos y pétreos”, Se entenderá como materiales de construcción a las rocas y sus derivados, sean estas de naturaleza ígnea sedimentaria o morfológica tales como; andesitas, basaltos, dasitas, riolitas, granitos, pómez, materiales calcáreos, arcillas superficiales, arenas de origen fluvial o gravas: depósitos tipo aluviales, flujos, y en general todos los materiales cuyo procedimiento no implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamiento de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca técnicamente el Ministerio /Sectorial. Las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades extractivas en el territorio del Cantón, deben realizarlas en función de las disposiciones legales reglamentarias, y las contenidas en las Ordenanzas Municipales, con arreglo a las buenas prácticas ambientales, procurando la restauración del entorno y mitigando los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente. La explotación anti técnica de materiales áridos y pétreos, provoca la destrucción del ambiente y del paisaje, poniendo en situación de riesgo a los vecinos y generando contaminación ambiental, lo que hace necesario contar con una normativa que regule su aprovechamiento y permita a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales el control técnico y ambiental de los mismos. La Constitución de la República establecen que toda decisión o autorización municipal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada de manera previa a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente dotándola de vigilancia ciudadana y en caso que de la referida consulta resultare una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión sobre la ejecución o no del proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior