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Título : Limitaciones jurídicas del derecho a la resistencia y su necesidad de reforma
Autor : León Ojeda, María Antonieta
Ojeda Cabrera, Verónica Adriana
Palabras clave : EL DERECHO PENAL
LA SANCIÓN PENAL
SEGURIDAD JURÍDICA
EL DELITO
Fecha de publicación : 2015
Editorial : Loja
Resumen : El Art. 283 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica y sanciona el ataque o resistencia con violencias o amenazas como delito, pero es el caso que la resistencia es considerado un derecho constitucionalmente garantizado a las personas, señalado en el Art. 98 de la Constitución de la República del Ecuador, en que los individuos o colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones y omisiones del poder público, o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos Al tipificar el Código Integral Penal, el ataque y resistencia con violencias o amenazas como delito, desde el punto de vista de derecho éste último, va en contra a la seguridad jurídica, ya que por un lado, la Constitución reconoce a la resistencia como un derecho, pero por otro la legislación integral penal, es considerada la resistencia como un elemento del delito, la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública. Los valores esenciales fundantes del Estado, incorporados en la Constitución, son los que pesan en la organización de la convivencia política y trasladan todo el Ordenamiento Jurídico y hacen de ésta una norma jurídica poseedora de una esencialidad distinta de las demás, valga decir, cualitativamente distinta del resto de normas del Ordenamiento jurídico y la dota de unas peculiares funciones. Ante esta situación, la fundamentalidad de todos los derechos constitucionales está dada por su resistencia a la actividad legislativa, en lo que a sus contenidos esenciales respecta. La actividad jurídica de garantía nace como necesidad del modelo de Estado que limita los poderes públicos para salvaguardar los derechos fundamentales que, a su vez, al ser la característica de su universalidad la que los define y hace ser lo que son, derivan en ser la expresión jurídica de los valores centrales que son la dignidad, la libertad e igualdad de la persona, dándole el sentido a la actividad jurídica, determinando su finalidad. Los derechos fundamentales, por esa razón, son la forma que el Derecho expresa los valores que motivan al pacto social que se concreta mediante la expedición de una Constitución
Descripción : The Art. 283 of the Penal Code of Integral, defines and punishes the attack or resistance as a crime, but it is the case that the resistance considered a constitutionally guaranteed right to individuals, stated in Art. 98 of the Constitution of the Republic of Ecuador, in which individuals or groups may exercise the right of resistance against acts and omissions of public authorities, or non-state natural or legal persons who violate or may violate their constitutional rights and demand the recognition of new rights Integral Code to criminalize Pena, attack and resistance offense from the point of view of law latter goes against legal certainty, because on one hand, the Constitution recognizes the resistance as a right, but other criminal comprehensive legislation, is considered the resistance as an element of the offense, the person who attack or resist with violence or threats to public employees, trustees or agents of the police, the commissioners for the perception of taxes and contributions, the executors of decrees and judgments, the keepers of customs and revenue offices and police officers when held by law enforcement or orders or regulations made by public authority. Thus determined in the Penal Code of Integral legal rules are not clear and applied by the competent authority. The founding core values of the state, embodied in the Constitution, are weighing in organizing political coexistence and move around the legal system and make this a legal norm possessing an essentially different from the others, suffice it to say, qualitatively different the other rules of national law and gives some peculiar features. In this situation, the fundamentality of all constitutional rights is given by its resistance to legislative activity, as regards its essential contents. The legal assurance activity as need arises state model that limits public authorities to safeguard the fundamental rights which, in turn, being the property of universality which defines and makes them what they are derived to be the legal expression of the core values are dignity, freedom and equality of the person, giving the sense of legal activity, and determine their purpose. Fundamental rights, for that reason, are the way the law expresses the values that motivate the social contract as embodied by the issuance of a constitution
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/8566
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